OPINIÓN

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Manuel Canales / Para El Financiero / archivo

Desarrollo comunal vigente

Me permito referirme al comentario publicado por El Financiero en la edición No. 526 (8-14 de agosto pasado) acerca del desarrollo comunal y el papel de las asociaciones de desarrollo en la implementación de propuestas y proyectos de beneficio colectivo en las diferentes regiones del país, siendo que en ningún momento asomó referencia a la génesis de dichas organizaciones, ni el papel preponderante que juega la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal (Dinadeco).

El desarrollo comunal obtiene su marco jurídico mediante la Ley Sobre Desarrollo de la Comunidad No. 3.859, de abril de 1967, que derivó en una institución encargada de promover y dirigir la organización comunal, de acuerdo con los lineamientos políticos del Estado y del desarrollo económico y social. Es un instrumento básico de desarrollo, encargada de fomentar, orientar, coordinar y evaluar la organización de las comunidades, para lograr su participación activa y consciente en la realización de los objetivos de desarrollo económico y social.

Desde entonces, la institución ha formado parte de una serie de programas de desarrollo integral, de los cuales podemos citar: el Programa Integrado de Vivienda en 1976, Proyecto de Desarrollo Urbano a finales de los setenta, Pilares del Desarrollo Comunal en 1991, Programa Triangulo de Solidaridad, etcétera.

A pesar de que Dinadeco ha sufrido reestructuraciones --que en ocasiones han mermado la cantidad de los recursos financieros, técnicos y humanos-- ha retomado su visión y visión, lista para cumplir su rol de canalizador, promotor y fiscalizador de brillantes iniciativas nacidas de las organizaciones comunales.

Papel actual

Ampliar los proyectos y programas de desarrollo socioeconómico o implementar mejoras o coberturas en los actuales, son premisas que en toda Administración deben planearse y solidificarse.

Dada las condiciones económicas externas e internas, el Estado debe visualizar alternativas de mejora de su panorama nacional.

¿Y cuál es el aporte de las organizaciones comunales y de Dinadeco en la solución de las crisis que atraviesan las comunidades? Una labor enfocada hacia proyectos de índole productiva, la promoción en la conformación de comités tutelares de defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia, capacitación a las organizaciones, constante coordinación con instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales que permitan la consecución de recursos. Siendo así que para el 2003 se transfirió una partida de ¢2.400 millones que fue destinada al cofinanciamiento de los proyectos comunales presentados.

Fiscalización

Igualmente, la institución continúa con su labor de fiscalización de los recursos públicos girados a las organizaciones comunales, y del funcionamiento en general de éstas con el fin de que su accionar sea transparente, objetivo, ético y apegado a la normativa técnica y legal vigente.

Es importante retomar lo expuesto anteriormente sobre la labor de Dinadeco, la cual, por las facultades otorgadas mediante ley, la convierte en valiosísimo eslabón del engranaje público, encargado de la ejecución de mecanismos de desarrollo.

Aún más, tal clase de desarrollo es real y llevado a cabo por los mismos ciudadanos, quienes conocen mejor que nadie la problemática que los aqueja y son quienes constantemente demandan maximización y sana utilización de los recursos públicos, así como cuentas claras en la inversión pública.

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