Abrir las listas

Se maneja una propuesta para desbloquear la lista de los candidatos a diputados y regidores: cada elector escoge dos de los aspirantes de un partido. Los votos se suman, el TSE reordena la lista que encabezarán los que recibieron más votos, y se asignan las curules según los sufragios recibidos por cada partido.

Este voto preferente, usado en Perú, permite que la lista la ordene el votante y no el partido. Pero no llega a la lista abierta, como en Honduras, en la cual se pueden repartir varias escogencias entre aspirantes de diferentes partidos.

Código Electoral espera voluntad

Desde el 2001, el TSE presentó una propuesta para una reforma integral al Código Electoral, que data de 1952. Contiene la mayoría de las reformas electorales que se barajan, como voto preferente, eliminación del subcociente y regulación de finanzas.

Una disputa entre diputados y magistrados sobre la inclusión de regulaciones relativas a partidos políticos impidió su avance. El proyecto incluye la posibilidad de que los ciudadanos se organicen en grupos independientes, rompiendo el monopolio de los partidos políticos. Está en la corriente legislativa.

Distritos electorales esperan revisión

La distribución de puestos electorales por provincias tiene dos siglos de atraso y afecta la representación de algunos lugares, por eso hay inquietudes para revisarlos.

Se plantea desde pasar a distritos regionales, a cantonales, e incluir diputados nacionales. El principal problema es que podría requerir un aumento de diputados, medida muy impopular. Además, pasar a distritos podría implicar afectar la representación de fuerzas minoritarias (si se define un par de curules por cada distrito, se propicia bipartidismo). No hay propuesta concreta.

Eliminar el conteo manual

Se propone que se considere como definitivo el conteo realizado por las Juntas, y que el TSE revise solo las mesas que son impugnadas por los actores políticos, o aquellas que muestren inconsistencias en la certificación de las juntas.

Los magistrados insisten en que el conteo manual es una práctica para un país de 500.000 personas, y que en la actualidad no se aplica en casi ningún país.

Financiamiento bajo la lupa

Hay mucha tela que cortar en este tema, desde cambios en la contribución estatal a los partidos, a regulaciones y sanciones efectivas en el manejo de contribuciones privadas.

Incluye la facultad de que el TSE ordene auditorías sobre las finanzas de los partidos políticos, y variaciones significativas en la deuda política, creando condiciones para adelantar una parte, y para que otra porción se destine a todos los partidos, con el único propósito de dar a conocer sus candidatos y sus planes.

Inscripciones urgen ajuste

Los problemas que se presentaron en la última campaña llaman la atención sobre la urgencia de realizar ajustes: el magistrado Luis Antonio Sobrado manifestó que se trabaja en un reglamento para evitar los atrasos con apelaciones.

También hay inquietudes por el requisito de tener que realizar casi 500 asambleas de distrito para poder inscribir un partido político y renovar su dirigencia. Se podría sustituir por un aumento en las adhesiones y promover una mayor participación en las asambleas cantonales.

Juntas Electorales bajo fuego

La integración de las juntas fue uno de los principales problemas en la pasada elección, que debe resolverse antes de diciembre. Se planteará la posibilidad de despartidizarlas, quitando a los grupos políticos la obligación de reclutar y presentar a sus miembros.

Se baraja que el TSE integre estas juntas con funcionarios, a los que se podría pagar una compensación. También se podría recurrir a funcionarios públicos y reconocerles esa labor con vacaciones, o resucitar los auxiliares electorales. Pero se debe evitar la presión de un faltante pocos días antes del proceso.

Partidos políticos al trasluz

El TSE pretende reformar la estructura interna de los partidos para fomentar una mayor transparencia y democracia interna, con la posibilidad de incluir fiscales y auditores.

La reforma se puede realizar por medio del Código Electoral o por la ley de partidos políticos, como pretendían algunos diputados. Se pretendía regulación permanente de los partidos, sin limitarla al proceso electoral (incluyendo gastos fuera de la campaña y fomento de procesos de formación).

Reforma municipal por la autonomía

Para dar mayor identidad a los procesos locales, se propuso separar la elección de regidores de la nacional, y unificarla con la elección de alcaldes, síndicos municipales y concejales.

Además, se trasladaría de diciembre del año de la elección nacional, a la mitad del periodo presidencial, según propuesta de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Pero también debe definirse el tema del financiamiento: en la actualidad no hay aporte estatal, lo que deja estos procesos limitados a la influencia de los aportes privados.

Subcociente con dilema

La propuesta es suprimir esta barrera electoral, y determinar las plazas elegidas por cociente (se dividen los votos recibidos entre las plazas por adjudicar) y por residuo. Esto permitirá una mayor representación de minorías, al no tener que alcanzar la mitad del cociente para tener derecho a una plaza.

Pero tiene doble filo, porque implica una mayor fragmentación de los cuerpos elegidos, al permitir el acceso de grupos con menos apoyo electoral.

TSE con más competencias

La reforma consolida competencias del Tribunal Supremo de Elecciones, al establecer expresamente el amparo electoral, la acción de nulidad y la autorización expresa de desaplicar normas que considere contrarias a la Constitución.

Algunos legisladores como Sigifredo Aiza, presidente de la comisión de asuntos electorales, consideran que no son necesarias, porque los magistrados podrían hacerlo por la vía del reglamento. Pero se trata de un paso que consolidaría acciones que en algunos casos ha desarrollado el TSE, como el amparo electoral.

Voto electrónico en la puerta

Reformas anteriores dejaron la puerta abierta para la urna electrónica. No implicaría votar en cualquier lugar del país, ya que un sistema centralizado permitiría violar el sistema y podría generar dudas.

Se deberían instalar unas 5.000 máquinas, lo que obligaría a elevar a unos 600 los votantes por junta. Se mantiene un padrón cerrado, pero permite ahorrar en papelería y tener un escrutinio más rápido. No se utilizó en el 2006 por problemas de presupuesto; debería ponerse en práctica en el 2010.