A pesar de que se declaró como actividad de interés nacional, el turismo ni siquiera recibió el respaldo para reformar el marco legal.

Por el contrario, los contratos turísticos se vieron limitados y no se definió otra categoría de incentivos, ya fuera en una ley de ICT o una ley general de la actividad.

El sector privado reclamó el entierro del proyecto legislativo para crear una promotora de turismo, y que no se concretara la propuesta de crear el Consejo Nacional de Turismo, con consejos regionales.