Se quería definir una política laboral de largo alcance, consensuada entre trabajadores y patronos. Pero la definición de la política pública, anunciada en el 2005, quedó pendiente.

Los sindicatos reclamaron la caída de los salarios reales y la ausencia de incentivos laborales consensuados.

Los empresarios reclamaron la ausencia de liderazgo para impulsar el proyecto de flexibilidad laboral, que falleció en comisión legislativa por falta de consenso. Esperaban que el Gobierno lo impulsaría con vehemencia, pero eso no ocurrió.