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Ambiente | Proyecto cuenta con apoyo político de Arias y sector empresarial

Gobierno electo promete soltar amarras de Setena

Decretos para agilizar gestión están listos para ser presentados

El futuro Gobierno tiene redactadas las reformas a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) que ejecutará vía decreto apenas asuma su gestión el 8 de mayo.

Además, cuenta con el diseño para realizar cambios a la Ley Orgánica del Ambiente, que terminará de mejorar su desempeño.

Sin embargo, en este caso, deberá esperar algunos meses pues son reformas que requieren trámite legislativo (véase recuadro: "Cambios previstos").

El objetivo es reducir la excesiva cobertura de la Setena que en la actualidad contempla aspectos culturales, financieros y de salud, para centrarse en cuestiones ambientales.

También está redactada una enmienda para modificar algunas leyes que exigen contar con estudios de impacto ambiental y que obligan a la Setena a pronunciarse (véase recuadro: "Lastre que...").

La idea es cambiar el limitado concepto de "estudio" -presente en la normativa actual- por el de "evaluación", que es más flexible y evitaría que la Setena actúe. Aquí también se requiere trámite legislativo.

Soltar amarras

René Castro, exministro de Ambiente (1994-1998) y colaborador del programa de gobierno de Arias, alertó sobre la existencia de un problema estructural mucho más serio y que tiene que ver con el diseño equivocado de la Setena.

"Cuando la creamos, le dimos muchas responsabilidades pero pocos recursos para ejecutarlas y ningún instrumento de control", recordó.

Además, un fallo de la Sala Constitucional del 2002 estableció que era imposible exceptuarse de la presentación de una evaluación de impacto ambiental vía reglamento. Con ello las atribuciones de la Setena se ampliaron aún más.

Castro afirmó que, por ahora, es viable hacer cambios en el corto plazo para profesionalizar procedimientos.

Entre las modificaciones más sencillas e inmediatas está crear un mecanismo de licencias ambientales para el grueso de proyectos (80%), los de menor impacto ambiental.

Aunque no está definido cómo se implementará, sería factible utilizar el actual formulario de autoevaluación de la Setena conocido como D2 que en teoría resuelve proyectos pequeños en diez días.

Rubén Hernández, asesor del mandatario electo, añadió que también se quiere reactivar el Consejo Nacional Ambiental para fijar las políticas y delimitar las competencias.

Viabilidad y respaldo

La expectativa de los liberacionistas es alta, toda vez que se trata de decretos cuya ejecución es rápida, mientras que las reformas legales que requieren de tiempo en el Congreso cuentan con gran respaldo político y empresarial.

Luis Amador, director técnico de la Cámara de la Construcción, afirmó que la Setena sigue entrabada a pesar del D1 y D2 (formularios que en teoría reducen los plazos de resolución a tres meses y diez días, respectivamente).

Amador agregó que al no existir la figura del silencio positivo, nada se resuelve de forma efectiva, por ello cualquier cambio será positivo.

Rafael Madrigal, diputado electo del Partido Acción Ciudadana (PAC) por la provincia de Limón, opinó que darán el respaldo para agilizar la Setena, siempre y cuando ello no signifique flexibilizar los controles que deterioren la situación ambiental.

Incluso los consultores ambientales, un numeroso grupo de profesionales de la más variada gama responsables de la elaboración de los estudios de impacto ambiental, consideró oportuno hacer cambios.

Julio Elizondo, presidente del Colegio de Geólogos, dijo que su labor también se irá adaptando a las reformas que sufra el sistema, pero que en ningún caso desaparecerá su labor porque siempre será necesario hacer evaluaciones ambientales.

La siberia del Estado

La coincidencia generalizada de simplificar la labor de la Setena es también compartida por la actual administración.

Eduardo Madrigal, director ejecutivo, y Patricia Campos, secretaria ejecutiva, defendieron su gestión y recalcaron que no han podido hacer más con lo poco que tienen.

El presupuesto actual es de ¢75 millones; sin embargo, a juicio de ambos, lo requerido son ¢200 millones.

Rubén Hernández afirmó que por ahora no se han definido presupuestos extraordinarios. Pero la idea es justificar técnicamente qué proyectos necesitan evaluaciones ambientales para que Setena se dedique a ellos y no derroche recursos.

Madrigal insistió en que han intentado acortar el tiempo definiendo las reglas y consultando a todos los sectores involucrados. Por ello han aprobado siete reglamentos y esperan ratificar tres más antes de dejar el cargo en mayo.

Patricia Campos recordó, a su vez, las amarras de otras leyes y avaló el cambio conceptual para que el término evaluación sea el que impere en toda la normativa.

Los directivos de Setena esperan que el nuevo gobierno impulse y reconozca lo hecho hasta ahora, pues no bastan los recursos... también hay urgencia de respaldo político.

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