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Puerto Caldera ante difícil proceso de traspaso
19 Abril 2006, 03:30 PM


Juan Pablo Ferrari Saavedra
Capitalfinanciero.com

El Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) y la concesionaria Sociedad Portuaria de Caldera deberán ejecutar más de 250 acciones para concretar el traspaso de la administración del puerto antes del 30 de junio.

Paul Zúñiga, director ejecutivo del Incop, explicó que entre las medidas está aportar los seguros y garantías, constituir los fideicomisos, ejecutar los pagos iniciales que bordean los US$13.000 millones, así como la liquidación de los más de 1.000 trabajadores cuyo desembolso por concepto de prestaciones e indemnización ronda los US$30 millones.

La gran mayoría de acciones corresponde a ambas entidades; sin embargo, la aprobación de tarifas es resorte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), mientras que la viabilidad ambiental de las nuevas construcciones deberán ser avaladas por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).

La empresa, cuyo accionista mayoritario es la colombiana Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, tendrá a cargo la gestión del servicio portuario durante 20 años a partir del próximo 1 de julio. También participan la colombiana Brisas del Pacífico y las costarricenses Logística de Granos y Comercializadora RyS.

Ricardo Sanabria, presidente de la junta directiva del consorcio, recordó que se trata de dos contratos, uno con una inversión de US$10,6 millones para la administración del Puerto, la carga y descarga general. En el segundo se invertirán US$22,3 millones para construir una nueva Terminal de Granos.

La Sociedad Portuaria de Caldera empezó el trámite en enero del 2001; sin embargo, el refrendo de los contratos fue aprobado por la Contraloría General de la República cinco años después. Los textos fueron rechazados en dos oportunidades y duramente cuestionados por los sindicatos del país.

El proceso de modernización tiene pendiente otro contrato con el consorcio chileno Suramericana Agencias Aéreas y Marítimas (SAAM), para el servicio de remolcadores de los navíos. La empresa estudia las objeciones que hizo la Contraloría al modelo financiero y en los próximos días podría tomar una decisión definitiva.


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