ECONOMÍA

Imprimir || Enviar por E-mail

Empresarios advierten sobre calidad

La ampliación de la producción carcelaria está por ahora en el papel, pero desde ahora los empresarios advirtieron sobre la calidad de esos bienes.

Juan María González, vicepresidente de la Cámara de Industrias, dijo que se obligará a la PYME formal a competir con una producción informal pues lo que se produce en las cárceles no paga seguridad social ni impuestos a la renta. "Es una distorsión añadida", sentenció.

González afirmó que la ausencia del reglamento en la Ley PYME sobre las compras del Estado mantiene un vacío que impide garantizar que entidades del Estado reserven un porcentaje de compras a este sector.

Fernando Ferraro, viceministro de Justicia, aclaró que el trabajo de los presos no es gratuito y que se remunera.

Añadió que que son más de ¢70 millones los que se reparten entre los 400 internos que se emplean en el país.

Insistió en que el proyecto tiene un objetivo social y que las condiciones de vida, seguridad e inserción de los internos mejorarán muchísimo si se logra dar más trabajo a los internos y se amplía la producción de las cárceles.

Calidad total

Por su parte, la Cámara de la Construcción consideró que la calidad es una garantía de la seguridad en el mercado, por tanto cualquier intento por comercializar de forma masiva la producción carcelaria debiese contar con la certificación mínima de los productos, así como del proceso de elaboración.

Randall Murillo, director ejecutivo de la Cámara, dijo que desde una perspectiva constructiva no se puede sacar a la calle un producto deficiente que ponga en riesgo la vida de la gente o el futuro de algunas inversiones millonarias en el país.

Al respecto, el viceministro Ferraro explicó que hay un acercamiento formal con el Instituto Tecnológico de Cartago (TEC), con el Laboratorio de Materiales de la Universidad de Costa Rica (Laname) y con el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (Inteco) para obtener las acreditaciones requeridas en cada producto y proceso.

Además existe un acercamiento informal con la Contraloría General de la República para clarificar procedimientos administrativos que hagan viable las compras de las instituciones estatales a las cárceles.

Alexandra Rodríguez, directora de normalización en Inteco, afirmó que el proceso consta de dos fases. Primero, hay que desarrollar una norma nacional del producto que interesa comercializar, y luego certificarlo con una evaluación de un laboratorio reconocido.

El trámite debería durar tres meses antes de que un producto obtenga su credencial para ser comercializado de forma responsable en el mercado.

Multimedia

En formato PDA

De nuestros anunciantes

Todo Nuevo Pathfinder 2006: Emociones en grande

María Teresa Bistué: "La educación ejecutiva enfrenta hoy un mercado cada vez más exigente y diverso"