EDITORIAL

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Hay que seguir dando orden al sector vivienda

El Estado debe concentrarse en aquellas tareas esenciales para el bienestar comunitario y, además, cumplir un rol redistributivo para que quienes cuentan con menores opciones económicas tengan acceso a servicios que redundarán en una mejora en su estándar de vida.

Atender la seguridad ciudadana, brindar educación básica de calidad, garantizar el acceso a la salud y velar por que las familias, como pilar de la sociedad, cuenten con vivienda digna, son parte de esas labores que el Estado costarricense debe realizar, y que debe hacer muy bien, invirtiendo los recursos adecuados de la forma más eficiente posible. Lamentablemente, nuestro Estado y sus líderes de turno se han concentrado en otra gran cantidad de labores y posiblemente esa dispersión de recursos y responsabilidades ha provocado que estas áreas esenciales no hayan sido eje central de las políticas económicas y sociales de los últimos Gobiernos.

Así, aunque el sector vivienda ha sido parte de los discursos electorales y se ha incorporado en los distintos planes de Gobierno, desde hace más de 20 años se arrastran una serie de inconsistencias y omisiones que han generado un caos en el manejo de la vivienda popular. Pareciera que precisamente por ese alto rédito político que genera el sector, los intereses politiqueros se han involucrado a tal punto que muchas de esas fallas podrían explicarse precisamente en el interés de perpetuar ese estado de caos.

Nuestro Informe Especial de esta edición resume la realidad vivida en este sector: disposiciones populistas de gobiernos de turno que afectaron el espíritu original del sistema, listas de beneficiarios de bonos que salían desde la Asamblea Legislativa, proyectos habitacionales que eran propuestos y generados desde las empresas con una actuación pasiva de los responsables en las instituciones del sector, deficiencias de construcción en por lo menos una cuarta parte de las viviendas populares, alta concentración de los grandes proyectos en pocas empresas y un crecimiento anual del 7% de los precarios en el país. Siempre es irritante conocer que por ineficiencias y negligencia de la gestión administrativa de distintas instituciones públicas, se dilapidan recursos, pero mayor enojo se genera cuando esos activos malgastados están destinados a favorecer a personas de escasos recursos.

Un aspecto a reconocer durante la administración Pacheco de la Espriella fue el propósito que tuvo el entonces ministro Helio Fallas, con el respaldo inicial del Presidente, de generar un orden en esa maraña tejida durante muchos años. Hoy distintos sectores reconocen los avances y, más importante aún, los actuales jerarcas intentar mantener esa línea. Según el gerente del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), Ennio Rodríguez, el propósito es que el sistema regrese a sus principios originales de corresponsabilidad, transparencia, política y legalidad. Precisamente de todos esos atributos que se ha carecido se han aprovechado intereses políticos y empresariales particulares para beneficiarse.

Nos parece muy adecuada la intención del ministro Zumbado de que se vuelva a un esquema en que el bono de vivienda es un complemento a un ahorro o crédito gestionado por el interesado. El hecho de que las familias sientan que su futuro techo depende también de un esfuerzo propio genera una mayor vigilancia y compromiso de las partes interesadas. Igualmente es fundamental que se amplíen las posibilidades de competencia de las empresas constructoras, desde las casas individuales hasta proyectos completos, pues no hay duda de que la concentración que se ha dado hasta el momento no es favorable en un entorno de nulas disposiciones previas y controles posteriores. Ya se logró avanzar en despolitizar la entrega de bonos y esa acción se debe reforzar.

No hay duda de que la gestión desarrollada para otorgar la mayor cantidad de viviendas genera un alto rédito político. Y eso está bien. Pero ese rédito debe venir de una labor ordenada y bien planificada, que permita que los sectores verdaderamente necesitados sean los beneficiarios del apoyo del Estado, con casas de una calidad razonable que, junto con otras facilidades del Estado, permita mejorar la calidad de vida de las familias.

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