| Archivo | Indicadores | Lun 7 ago, 2006 - Dom 13 ago, 2006 | Escríbanos |
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Intereses políticos resquebrajaron cimientos de vivienda popular Ana Cristina Camacho Sandoval Silvia Castillo Nieto Diputados, políticos y empresarios se aprovecharon del sistema La política es el virus que más ha deteriorado al sistema de vivienda de interés social en Costa Rica. Estas palabras de Jaime Molina, presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción, resumen de manera acertada la opinión de funcionarios públicos y empresarios vinculados a este sector, entrevistados por El Financiero. Se habla incluso de presuntos pagos por debajo de la mesa a políticos, diputados y servidores públicos por parte de grandes empresas constructoras para obtener el aval de sus proyectos de urbanizaciones y así lograr millonarias ganancias producto de casas construidas con subsidio estatal. Estamos hablando de aproximadamente ¢35.000 millones anuales que el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) destina a los bonos de vivienda para la población más pobre del país. Durante más de diez años, en este sistema han metido mano diversos sectores sociales, desnaturalizando el sentido original que permitió en 1986 el surgimiento del Sistema Financiero Nacional para la Vivivienda (SFNV). Vicios, presiones e intereses Ha pasado de todo, por ejemplo cuando el gobierno de Rafael Angel Calderón Fournier, en una maniobra populista, optó por regalar los bonos y abandonar el criterio de que las personas debían complementarlo con ahorro o crédito personal. En palabras de Eloísa Ulibarri, directora de la Fundación Promotora de la Vivienda, "...fue una medida totalmente política que vino a ser muy dañina. Es clara la ley en que el bono es complemento del crédito". Los diputados también fueron actores importantes pues abiertamente se dedicaron a definir las listas de beneficiarios de los bonos de vivienda. En la administración pasada, un grupo de diputados del Partido Unidad Social Cristina (PUSC) se atribuyó la potestad de determinar quiénes recibirían ese tipo de subsidios. Además, pretendían analizar cada proyecto junto al Ministerio de Vivienda, el Banhvi y las constructoras. Entre esos legisladores estaban Federico Vargas, Carmen Gamboa, Miguel Huezo, Francisco Sanchún, Rocío Ulloa y Germán Rojas. Pero también grandes empresas constructoras participaron en la selección de los beneficiarios y dispusieron la ubicación de los proyectos de acuerdo con sus propios intereses y no con un criterio definido por el Estado. Todas las personas consultadas coinciden en que la llegada Helio Fallas como ministro del ramo en el 2002 marcó un antes y un después en este desordenado y viciado sistema. En aquel momento, el jerarca tomó decisiones orientadas a detener el tráfico de influencias y regular, vía reglamentos y directrices, cuestiones tan obvias como garantizar que las casas tuvieran estándares constructivos mínimos y se realizan frecuentemente auditorías de calidad. Estos y otros cambios disgustaron a algunos políticos y empresarios del sector que presionaron la salida de Fallas, la cual se concretó a mediados del 2005. "Es el colmo que hasta el gobierno pasado don Helio quiso poner orden y por eso no duró lo que tenía que durar, la Cámara lo apoyó", destacó Jaime Molina. De los consultados, el único sector que desaprueba las reformas realizadas por el exministro, es la Asociación Cámara de Vivienda de Interés Social (Acavis), cuyos miembros consideran que para ellos la crisis empezó justamente con el ingreso de este funcionario. "Le faltó dirección y pantalones" para darle a la empresa privada las garantías necesarias, dijo Eugenio Méndez, representante de la Comercializadora PCP, una de las compañías que más proyectos de vivienda de interés social realiza en el país. Ahora, bajo la administración de Óscar Arias, el ministro de Vivienda, Fernando Zumbado, promete dejar atrás los males que caracterizan este sistema. Los hechos serán el mejor juez. |
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