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Gobierno | IMAS modificará y actualizará registro de beneficiarios con ayuda del Banco Mundial

Reglamento pretende ordenar sector vivienda

Constructoras de proyectos deberán ir a concursos privados

En aproximadamente un mes saldrá publicado en La Gaceta un reglamento que pretende acabar con los vicios del sector de vivienda de interés social en el país.

Por lo menos esa es la esperanza del ministro de Vivienda, Fernando Zumbado, y el gerente general del Banco Hipotecario de la Vivienda, Ennio Rodríguez.

"El sistema necesita regresar a sus principios originales de corresponsabilidad, transparencia, políticas y legalidad", afirmó Rodríguez.

Esta normativa surge luego de que la Asamblea Legislativa aprobó en junio pasado una reforma el artículo 59 de la Ley del Sistema Financiero para la Vivienda (SFNV), la cual permite al Banhvi usar hasta el 40% de los ingresos anuales del Fondo de Subsidios para la Vivienda (unos ¢11.000 millones para este año). Antes solo podía utilizar el 20%.

El artículo 59 prevé la atención especial a personas con discapacidad, adultos mayores en condición de pobreza y familias que habitan en precario, familias afectadas por una emergencia o en condiciones de extrema pobreza. Estos tendrán derecho al bono especial o a la donación total por parte del Estado.

Eliminar portillos

Sin embargo, detalló Rodríguez, este artículo tenía portillos que permitieron en el pasado la edificación de grandes proyectos donde los beneficiarios eran catalogados como de extrema pobreza sin que necesariamente fuera así. Estudios posteriores demostraron que entre el 30% o 40% de los beneficiarios no calificaban para ese tipo de bono.

El nuevo reglamento introducirá principios de contratación administrativa, la rendición de cuentas y el control de calidad interno y externo.

Por primera vez se harán concursos privados para seleccionar a la empresa constructora que tendrá a cargo un proyecto de vivienda. "Esto cambiará ese dominio (de cinco constructoras), además, no podrán dar listas de beneficiarios ni dirán dónde se harán proyectos", afirmó Zumbado.

Uno de sus objetivos es que crezca la cantidad de desarrolladores involucrados en este mercado.

Pero Mario Jiménez, miembro de la Asociación Cámara de Vivienda de Interés Social (Acavis), discrepa de Zumbado pues dice que el Gobierno primero deberá resolver una serie de escollos legales para poder cumplir con uno de los requisitos de la Ley de Contratación Administrativa, cual es la de igualdad para todos. Hay dudas sobre cuál ente se hará cargo de los concursos privados y cuál del diseño de planos o si esta tarea se contratará a terceros.

Para Acavis, lo que debería modificarse es el exceso de trámites que una constructora debe efectuar para hacer un proyecto habitacional. "El calvario es enorme. Una lista de requisitos que significan 190 trámites distintos solo para madurar un proyecto que podría luego quedarse a medio camino porque el Banhvi puede rechazarlo", sentenció Jiménez.

Otras de las reformas que realizó Zumbado es el uso del Sistema de Información de la Población Objetivo (SIPO) que administra el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) como requisito para la aprobación de un bono con base en el artículo 59.

Diego Víquez, presidente ejecutivo del IMAS, explicó que usarán un préstamo del Banco Mundial por US$3 millones para reforzar el SIPO. Primero variarán la Ficha de Información Social con el fin de dar más puntaje al ingreso de la familia y a las necesidades sin satisfacer, que a la posesión de bienes materiales.

Además, se llevará a cabo un barrido nacional en las zonas de pobreza para actualizar información y se invertirá en equipo informático.

Prioridad a precarios

Desde su llegada al Ministerio, el ministro Zumbado definió que la prioridad será la erradicación de tugurios de la Gran Área Metropolitana.

El objetivo es reducir a la mitad la cantidad actual de precaristas. Se estima que 50% de la pobreza urbana vive en tugurios y que existen 40.000 ranchos.

Este programa también es cuestionado por Acavis. "Nos parece bien lo de los tugurios pero para eso deberán flexibilizar las leyes de urbanismo porque es imposible hacer una urbanización donde están ubicados los tugurios que cuente con todos los requisitos", reflexionó Jiménez.

Con respecto a las urbanizaciones aprobadas por la pasada administración, los jerarcas confirmaron su construcción. "Aunque no nos gusten, están firmados y no se pueden rescindir", dijo el gerente del Banhvi.

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