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A Caldera. El Gobierno espera arrancar con el proyecto San José-Caldera antes de que termine el 2006. Francisco Rodríguez/para EF/Archivo

Concesiones | Estado pretende delegar los pagos millonarios por compra de terrenos

Empresas privadas asumirían expropiaciones

Constructoras anuentes a cubrir rubro, siempre que el Estado las respalde en el proceso de obra

El Estado se cansó de cargar en la espalda el pago de las expropiaciones para la construcción de obra pública. Ahora está interesado en que ese millonario rubro esté a cargo de las empresas constructoras responsables de los proyectos.

Para el Gobierno, la ventaja de este giro en el otorgamiento de concesiones permite evitar que el dinero para el pago de compra de propiedades salga de las arcas del Estado.

Además, al ser responsabilidad de las empresas privadas contribuye a arrancar los procesos más rápido.

"No solo es un asunto de dinero, sino de tiempo. Hay que buscar alternativas, porque en la construcción de obra pública uno de los escollos es el tema de las expropiaciones", aseguró Karla González, ministra de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Y es que el Gobierno, que recién cumplió 100 días de gestión, heredó de la administración anterior el pago por las expropiaciones en el proyecto de la ruta San José-Caldera, aspecto que ha mantenido congelado el desarrollo de la construcción.

Según Guillermo Ramírez, responsable de ese proyecto en el Consejo Nacional de Concesiones (CNC), el costo de esos terrenos es de US$15 millones.

El secretario ejecutivo de esa entidad, Luis Diego Vargas, coincidió con la ministra González: "Con este proyecto ya no se puede hacer nada, pero con los otros pendientes que podemos dejar concesionados en estos cuatro años, vamos a buscar que el Estado no pague", expresó.

En la actualidad, hay cuatro proyectos de obra pública sin otorgar.

Se trata de las obras viales San José-Cartago, la radial a Heredia, el anillo periférico de San José y la ruta 32 entre San José y Limón.

Además, están pendientes la licitación de la cárcel de Pococí, Limón, y el tren interurbano entre Heredia y Cartago.

En las últimas administraciones, el Estado pagó US$1,5 millones en estudios de factibilidad que no se han usado (véase recuadro: "En una gaveta").

La Corporación Andina de Fomento (CAF), que funciona como una empresa financiera multilateral en el área de obra pública, le propuso recientemente en un simposio al Estado y a las empresas privadas, precisamente que el tema de expropiaciones sea responsabilidad de las concesionarias.

Así lo ha hecho CAF en España, Chile, Perú y Colombia, por ejemplo.

"El tema de los predios tiene que ser del concesionario y cuando ya se va a expropiar lo hace el Estado. Así tiene que entenderse en la licitación pública", aseguró Alicia Naranjo, exdirectora del Instituto Nacional de Vías (Invías) de Colombia, quien participó en la actividad organizada también por la Cámara Costarricense de la Construcción.

Para CAF, el desarrollo de los países necesita alianzas estratégicas entre el Estado y la empresa privada.

"Hay que buscar fórmulas mixtas", indicó José Manuel Vasallo, asesor de CAF.

El presidente Óscar Arias está de acuerdo: "No se podrán arreglar las vías mientras vivamos en la lipidia de las municipalidades", dijo.

Según CAF, la recuperación del dinero destinado a las expropiaciones se lograría mediante el cobro a los usuarios en los peajes.

Incluso, una vez alcanzada la cifra que se destinó a ese rubro, el resto del dinero que se siga recaudando sería repartido 50% para la empresa constructora y 50% para el Estado.

"A mí me gusta mucho el planteamiento de CAF y vamos revisarlo en un contexto más amplio", indicó Luis Diego Vargas.

Para el ministro de Hacienda, Guillermo Zúñiga, la limitación de los recursos públicos obliga a compartir actividades con la iniciativa privada.

Constructoras interesadas

Entre el sector hay buen ambiente a la propuesta, pero con condiciones.

Fernando Sánchez, gerente de la constructora Sánchez Carvajal, descartó algún problema en asumir este nuevo tipo de concesión, en tanto el Estado se constituya en un socio de la empresa para sacar adelante la concesión.

"No se puede empezar a expropiar sin haber tenido el cierre financiero para poder hacerle frente a las expropiaciones, a la construcción y puesta en marcha de la obra", afirmó.

Para Sánchez, se ocupa de la capacidad empresarial y del respaldo del Estado.

"Los peajes son la vía de recuperación y se agiliza más el Estado en la construcción de obra para evitar alcanzar el límite de endeudamiento".

José Alfredo Sánchez, vicepresidente de la constructora MECO, apoyó la idea. "La legislación ya lo prevía y se requiere que el Estado funcione como una verdadera contraparte", indicó.

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