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Unión Fenosa de Nicaragua entre la espada y la pared Gustavo Álvarez Rodríguez Corresponsal Nicaragua La subsidiaria nicaragüense de la empresa española distribuidora de energía, Unión Fenosa fue notificada por la Contraloría General de la República de la nulidad del contrato de concesión otorgado el 2000. Dos días antes el Instituto Nacional de Electricidad (INE) anunció un juicio por arbitraje en su contra. La Contraloría decidió declarar la nulidad el contrato argumentando que la empresa brinda un servicio deficiente a la población. Mientras el INE planteó el juicio por considerar que se violenta el contrato al implementar cortes de energía de hasta seis horas en la capital y de más de diez horas en el resto del país. El INE nombró como uno de los árbitros del juicio a Ruth Selma Herrera, coordinadora de la Red de Defensa de los Consumidores y la más ferviente crítica del servicio que presta la compañía española en el país. La declaración de nulidad del contrato que resolvió la Contraloría está basada en una denuncia presentada por Herrera ante ese organismo. Gestión deficiente El contralor Guillermo Argüello Poessy afirmó que Unión Fenosa se comprometió a aumentar la cobertura del servicio gradualmente cada año y no lo ha hecho. Dijo además que en vez de garantizar el servicio de energía eléctrica las 24 horas del día, ha implementado prolongados cortes de electricidad. En Nicaragua se estima que casi la mitad de la población, de un poco más de cinco millones de habitantes, no cuenta con el servicio de energía eléctrica, principalmente en las zonas rurales. Diversos sectores han criticado la aplicación de los racionamientos de electricidad por parte de Unión Fenosa, porque supuestamente el contrato obliga a la empresa a comprar energía en el extranjero cuando no haya disponibilidad en el país. Aunque se carece de cifras oficiales, el economista Néstor Avendaño estimó las pérdidas como consecuencia de los apagones en unos US$50 millones. Por su parte, Unión Fenosa negó su responsabilidad y declinó referirse al fallo de la Contraloría. La empresa insistió en que la generación eléctrica no es propiedad de la compañía y que sólo son distribuidores. Al menos seis generadoras eléctricas privadas y otras cuatro plantas estatales, son las responsables de generar unos 450 megavatios de electricidad que conforma la demanda del país. |
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