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Ambiente | Dos grupos opositores solicitaron a magistrados constitucionales la anulación de todos los permisos otorgados Operación de granjas atuneras en manos de Sala IV Ana Cristina Camacho Sandoval Empresa asegura tener todos los argumentos técnicos de descargo El pulso legal que mantienen la empresa Granjas Atuneras S.A. y un grupo de organizaciones contrarias a la operación de jaulas marinas en Golfo Dulce de Puntarenas, pasó a manos de la Sala Constitucional. El pasado 10 de julio, la Sala IV dio curso a un recurso de amparo presentado por dos organizaciones ambientalistas contra los permisos otorgados por el Departamento de Aguas y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), ambos del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae). Mientras resuelve el asunto, los magistrados solicitaron detener cualquier trámite o actividad en torno a las granjas atuneras que al contar con todos los permisos exigidos por ley planeaba iniciar operaciones inmediatamente. En agosto del año pasado obtuvo el visto bueno de Setena, cuatro meses después el departamento de Aguas del Minae otorgó la concesión de aguas y en junio de este año el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) dio el último aval requerido. Coalición El recurso lo presentaron la Asociación de Vecinos de Punta Banco de Pavón en Golfito y la Asociación Programa de Restauración de Tortugas Marinas (Pretoma). No obstante, Noah Anderson, representante de Pretoma, aseguró que al menos 15 organizaciones respaldan esta lucha y en forma separada han presentado reclamos legales ante distintas instituciones involucradas. En agosto del año pasado, El Financiero dio a conocer sobre este proyecto impulsado por el empresario venezolano Manuel de la Iglesia y el bióloco Eduardo Velarde. Las voces de protesta tomaron fuerza cuando Incopesca estudiaba otorgar su visto bueno. Se trata de la instalación de 10 jaulas flotantes que recibirán de barcos pesqueros atunes para ser engordados a 25 kilos o más (veáse recuadro: "Negocio de exportación"). Cuando alcanzan el peso ideal y el precio del producto en el mercado externo es atractivo, se llevan a una planta de proceso para eliminar cabeza y vísceras. Luego serían exportados a Estados Unidos para preparación de platillos finos. Vaivén de argumentos Uno de los principales reclamos de Petroma es que las tortugas marinas y otros cetáceos en vías de extinción atraídos por el atún queden atrapados en las redes. Cuestiona el hecho de que las jaulas, por sus dimensiones, podrían ser obstáculos para las tortugas que buscan las playas para anidar, además de que el atún atrae depredadores. Reclama que Setena no hace ninguna referencia a este punto. El biólogo Eduardo Velarde explicó que se trata de jaulas estáticas, no de redes. Insistió que estudios realizados por el oceanógrafo Omar Lizano señalan que las tortugas buscan agua oceánica hacia 200 metros mientras que las jaulas estarían a 50 metros. De todas maneras, dijo, estas especies buscan otras direcciones. La contaminación es otro punto de choque. Los opositores advierten que los excrementos del atún consumirían el oxígeno en las aguas del Golfo Dulce provocando la muerte de otros organismos. Pero Velarde se defiende diciendo que se trata de una actividad de maricultura oceánica y no costera, de 800 o 1.000 metros de profundidad. Este binomio de dinamismo y profundidad, limpia las aguas y evita la contaminación. "Tendremos 625 millones de metros cúbicos como amortiguamiento, es la zona de amortiguamiento más grande del mundo", explicó Velarde quien agregó que la Universidad de Hawái ha investigado por seis años las cuatro jaulas que operan allá sin hallar degradación en la calidad del agua. En Lanzarote, Islas Canarias (España), se produce el 25% de todos los peces de maricultura de España y allí viven del turismo, aseveró Velarde, al refutar los reclamos de sus oponentes sobre el impacto que podría causar esta actividad en el turismo de Punta Banco que llega a observar las tortugas marinas. Un tercer tema en discusión es el de la transparencia del proceso. Jorge Ballestero, vicepresidente de Pretoma, ha dicho que no fueron consultados los pueblos indígenas, comunidades aledañas y organizaciones ecologistas que trabajan en la zona. Asegura que múltiples leyes fueron violadas durante el proceso. Ballestero ha insistido que pareciera que los permisos otorgados representan favores políticos e intereses extranjeros sin involucrar ni al pueblo ni a grupos que quieren proteger el Golfo Dulce. Cobro al Estado Ambas partes aguardan el fallo constitucional que determinará la anulación o confirmación de los permisos. Si la resolución fuera negativa para Granjas Atuneras S.A. sus personeros aseguran que demandarán al Estado costarricense y cobraría el lucro cesante que por 10 años (periodo otorgado en la concesión) dejaría de percibir en ventas anuales, estimado en US$9 o US$10 millones. La empresa prefiere esperar al fallo para proceder a la compra del terreno donde instalaría la planta de proceso.
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