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OPINIÓN

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Acavis ha actuado legalmente en sector de vivienda popular

En la Asociación Cámara de Vivienda de Interés Social (Acavis) nos resultó interesante el informe sobre la situación actual e historia del sector vivienda publicado por El Financiero en su edición No. 577 (7-13 de agosto). Lastimosamente contiene carencias e inexactitudes.

El virus que más ha deteriorado al sistema de vivienda de interés social en Costa Rica no es la politiquería, sino la falta de una verdadera política nacional de vivienda. Durante los últimos años el sector no ha tenido un rumbo de políticas serias y permanentes; se vivió entre cambios contradictorios, prioridades antojadizas y directrices sin sentido común.

Se nos ha querido endilgar la culpa por las malas decisiones de algunos que han ostentado la responsabilidad sobre el sector en los últimos años, lo cual rechazamos tajantemente, por lo siguiente:

Beneficiarios

1. No somos responsables por la selección de beneficiarios. El exministro Helio Fallas, a través de los Comités de Transparencia, seleccionó a los potenciales beneficiarios en todo el país y se dedicó a difundir ampliamente que todos los bonos se entregaban acorde a la demanda identificada en los cantones prioritarios que se señalaban en el Plan Vida Nueva. Existen en poder de las empresas constructoras los documentos oficiales del Mivah donde ellos seleccionaron a los beneficiarios y estos están incorporados en las actas del Banhvi.

2. Demanda identificada: Cada uno de los proyectos edificados por las empresas asociadas a Acavis surgió de la demanda identificada por el Mivah. El tamaño de los proyectos lo determinaron las políticas establecidas por el Mivah y todos los proyectos son aprobados por la junta directiva del Banhvi. No nos explicamos cómo se pretende cuestionar hoy la ubicación de los proyectos y las familias asignadas cuando el Banhvi los aprobó, donde el ministro de turno ha sido su presidente.

Si en algunos casos, el bono se entregó a familias que no correspondían -según su nivel socioeconómico- no es responsabilidad de las empresas constructoras, pues el Mivah y los entes autorizados analizan los expedientes (incluida la FIS) y realizan la adjudicación de bonos. Hemos aclarado esto muchos veces y seguiremos haciéndolo en honor a la verdad.

3. Exministro Fallas: Coincidimos en que la llegada de Helio Fallas al Mivah marcó definitivamente un antes y un después, pero por razones muy diferentes. Nada tuvimos que ver con su salida. Las razones de su salida las expuso él mismo en su carta pública de renuncia donde manifiesta que su salida se debió a asuntos de vida personal y familiar, y también a acciones profesionales y de salud.

Maquillaje

4. Directriz 27: Mucho antes del 2002, el sector vivienda estableció 22 especificaciones de calidad que reunía los aspectos más importantes que toda buena construcción debe seguir. La directriz 27 incorpora ocho nuevos requerimientos funcionales; muchos ya implementados por la mayoría de las empresas, pero ninguno que mejorara la calidad. Fue un maquillaje de lo ya establecido, que se usó como bandera para "esconder" los verdaderos retos que debía enfrentar el sector: reducir la pobreza extrema.

5. Concentración: Desde el inicio del SFNV se han emitido cerca de 234.000 bonos, de los cuales las empresas asociadas a Acavis han construido cerca de 10.000 viviendas, esto representa únicamente un 4,2% del total de soluciones construidas. A esto no se le puede llamar concentración. El 95,8% restante se ha construido por medio de bonos individuales y proyectos de autoconstrucción, estos últimos tuvieron una alta participación en los primeros 10 años del sistema.

6. Auditorías de calidad: Como profesionales responsables, nunca podríamos estar en desacuerdo con las auditorías de calidad, pero creemos que deberían abarcar todos los programas de forma proporcional a la distribución presupuestaria del Banhvi. Las auditorías llevadas a cabo a la fecha se han hecho a destiempo; de dos a cuatro años posteriores a la emisión del bono y no reflejan la realidad de la familia ni de la vivienda al momento de su entrega.

Corrupción

7. En una de las partes del reportaje se dice textualmente: "Se habla incluso de presuntos pagos por debajo de la mesa a políticos, diputados y servidores públicos por parte de grandes empresas constructoras para obtener el aval de los proyectos.". Esta afirmación, basada en un "se habla" es dañina para el prestigio de las empresas constructoras; si alguien tiene pruebas del caso es su obligación denunciarlo.

Conclusión: No cabe duda de que el sector urge cambios importantes y permanentes, lejos de los golpes de timón que surgen en cada cambio de Gobierno. Por ello, para mayor garantía y transparencia de la sociedad, hemos planteado la necesidad de trabajar todos bajo la Ley General de Contratación Administrativa. Apoyamos las licitaciones públicas, que abarquen los estudios técnicos, elaboración de planos constructivos y construcción de las obras, para la total transparencia del sistema y no limitarse a contratar "respetando" los principios que la citada ley establece.

Es imperioso regirnos con procesos que no se presten a la distorsión malintencionada, donde la calidad constructiva sufre embates por otros males o defectos del sistema.

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