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El asesinato de dos periodistas evidencia la fragilidad del ejercicio de la libertad de expresión en el país.
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Derechos humanos | Tradición democrática de Costa Rica es insuficiente

Libertad de expresión tiene deudas en el país

La libertad de expresión en Costa Rica ha sido motivo de orgullo histórico, sin embargo, el asesinato de dos periodistas y evidentes frenos al libre ejercicio de la profesión, amenazan esa conquista.

La semana pasada concluyó una Relatoría Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que señaló la urgencia de aclarar esos homicidios, así como la necesidad de compatibilizar la legislación nacional con los estándares internacionales.

Ignacio Álvarez, Carlos Zelada y María Isabel Rivero, encabezaron la delegación de la CIDH que se entrevistó con autoridades de gobierno, de la Asamblea Legislativa, de los medios de comunicación, de la academia y de diferentes organizaciones de la sociedad civil.

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Ignacio Álvarez, jefe de la misión, reconoció la tradición de respeto a los derechos humanos en Costa Rica, no obstante, insistió en que castigar a los responsables del asesinato de los periodistas Ivannia Mora y Parmenio Medina, es prioritario.

Oficio en problemas

El informe de la Relatoría de la CIDH reiteró también lo perjudicial que resulta mantener sanciones penales como medio para proteger el honor o la reputación de quienes se encuentren involucrados en asuntos de interés público.

“El control democrático que la sociedad ejerce a través de la opinión pública fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública”, precisó Álvarez.

La Relatoría advirtió que la ley en Costa Rica todavía conserva en el artículo 7 de la Ley de Imprenta, sanciones de cárcel para quienes por medio de la prensa cometan los delitos de calumnia o injuria.

Sin embargo, agregó que también había aciertos pues Costa Rica era uno de los nueve países del Hemisferio que en los últimos años habían derogado el delito de desacato de su legislación.

En la Asamblea Legislativa se hacen esfuerzos por apurar la aprobación de la ley de Libertad de Expresión y Prensa cuya norma no contempla la despenalización de los delitos de prensa sino acoger, parcialmente, lo dispuesto por la CIDH en el caso del periodista Mauricio Herrera.

Aunque diversas entidades han manifestado su apoyo a ese proyecto, la inflexibilidad legislativa y hechos de violencia parecen amenazar la libertad de expresión.


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