Tres de las diez acciones del próximo Gobierno son inmediatas, cinco se pretenden poner en marcha dentro de los tres primeros meses de gestión y dos esperan arrancar antes de fin de año.
Reorganización del Gobierno
40 Instituciones públicas evaluadas permiten concluir que la capacidad de gestión del Estado está muy deteriorada.
Uno de los primeros decretos que contendría La Gaceta del 10 de mayo próximo, sería la promulgación de un reglamento de organización del Poder Ejecutivo para delimitar las competencias de cada ministerio. Además se reglamentará el artículo 27 de la Ley General de la Administración Pública para viabilizar la coordinación entre entidades.
Algunos ejemplos serán la conformación de un megaministerio de Comercio Exterior y Economía y un sector social agrupado que cubra a los ministerios de Vivienda y Trabajo, además de entidades como el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares y el Patronato Nacional de la Infancia.
Además, el Ministerio de Planificación recuperará su papel en el diseño presupuestario bajo el control del segundo vicepresidente, Kevin Casas.
Las acciones se basan en un estudio del asesor Rubén Hernández sobre las instituciones estatales; este precisa aquellas que están obsoletas, con duplicidad de funciones y sin efectiva coordinación.
Cafta y apertura del ICE y el INS
1 único proyecto de telecomunicaciones sería la propuesta liberacionista para enfrentar la apertura del sector de cara al Cafta.
El plan de Óscar Arias era impulsar, desde esta semana, en el Congreso la ratificación del Cafta y la aprobación de las leyes para la apertura en telecomunicaciones y seguros.
Pero ahora los planes cambian.
En este campo, los electores hablaron y Arias tendrá que demostrar su capacidad de "negociar" y su voluntad de "ceder", como él mismo reconoció en la madrugada del lunes 6.
En cuanto a seguros y telecomunicaciones, la eventual futura vicepresidenta, Laura Chinchilla, dijo que esperarán el proyecto de seguros del Gobierno -en estudio en el Consejo Ecónómico- y que cuestionan las iniciativas oficiales en telecomunicaciones pues su apuesta sería fundir en un solo plan los dos actuales (uno promueve la apertura y otro busca fortalecer al ICE).
Pero de nuevo, en este campo arranca la agenda de negociación.
Plan fiscal; fondos para educación y tecnología
2% más para educación es la meta del Gobierno, incremento que debiese salir de los fondos recaudados con la reforma fiscal.
Aprobar el plan fiscal era una tarea que también pretendía arrancar con prioridad Liberación Nacional. Según Laura Chinchilla (diputada y futura vicepresidenta por confirmarse oficialmente) y el asesor Guillermo Zúñiga, pretenden la aprobación de la iniciativa tal y como está en esta legislatura. Si Acción Ciudadana mantiene su posición, este objetivo podría concretarse antes de mayo, o, si no, con la nueva Asamblea.
Pero, en materia fiscal, los liberacionistas tienen objetivos que no se verían satisfechos en su totalidad con el plan fiscal actual, pues este generaría 2,6% del PIB, alrededor de ¢180.000 millones .
Arias y su equipo quieren garantizar la reducción del déficit fiscal, aumentar el gasto en obras, educación (asignar 8% del PIB) y tecnología, y reducir la inflación al pasar las pérdidas del Banco Central al Gobierno Central.
US$800 millones para tapar huecos y reestructurar al Conavi
17% de la red vial del país se encuentra sin huecos y apta para transitar
Iniciada la gestión del eventual gobierno liberacionista, se enviaría a Asamblea Legislativa la ratificación de un préstamo por US$800 millones para la reparación de las calles, carreteras y caminos de todo el país.
Ya se cuenta con un acuerdo preliminar con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Según un estudio del equipo liberacionista, solo un 17% de las vías naciones se encuentra en condiciones adecuadas.
Óscar Arias explicó que la única excepción serán las carreteras grandes para las cuales se espera ejecutar el modelo de concesión de obra pública, marco legal que también espera ser reformado (se impulsará el proyecto actual en la corriente legislativa)
Las futuras autoridades aseguraron que las obras podrían empezar en agosto, proyectando un par de meses para aprobar y ejecutar el préstamo con el BCIE.
Otras de las acciones sería reestructurar, vía decreto, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) en tres áreas.
Primero, en su funcionamiento, para separar la ejecución de obras de la administración de los recursos, es decir, que solo se dediquen a planear y ejecutar trabajos y que sea otra instancia dentro del Ministerio de Obras Públicas la que administre el presupuesto de esas obras.
Igualmente harían cumplir la decisión de la Sala Constitucional sobre los fondos del Conavi para que disponga de alrededor de US$130 millones anuales, de los cuales US$100 millones serán para infraestructura nacional y US$30 millones para los cantones.
Eliminar las potestades a priori de la Contraloría
Evitar que la Contraloría General de la República siga coadministrando con cada institución, lograr que se ciña al papel fiscalizador de fondos públicos y que ejerza sus potestades solo a posteriori, son reformas planeadas para los primeros meses de gestión.
Sin embargo, su debate legislativo podría no resultar tan sencillo, pues algunos juristas argumentaron que la Constitución Política le concede a la Contraloría absoluta independencia del Ejecutivo.
El plan ya fue presentado por la actual fracción legislativa verdiblanca y como otras iniciativas si no prospera se proyecta como tarea urgente del nuevo Congreso.
Ley de Concesión de Obra Pública más agil y expedita
5 años con un modelo de concesión de obra pública y solo un proyecto concretado aún sin iniciar
La reforma a la Ley de Concesión de Obra Pública tiene tres áreas muy claras que pretenden impulsar un modelo que en cinco años ha dado pobres resultados.
Primero eliminar el requisito a las empresas para que ya no estén obligadas a dar garantías solidarias. También permitir que aquellos que proponen iniciativas puedan participar de las licitaciones con cierta preferencia.
Por último se pretende impulsar una reforma a la Ley de Pensiones para que los dineros que captan los Fondos de Pensiones Complementarias puedan ser invertidos en obras públicas. De esa forma se estimularía la participación de empresas locales.
Para superar el colapso de la infraestructura pública de carreteras, puertos y aeropuertos, estimularían concesiones por unos US$1.000 millones para los tramos entre San José y San Ramón, Ciudad Colón y Caldera, Cartago y Limón, así como en el anillo periférico norte que conectará la autopista a Limón y la de Caldera.
El proyecto de reforma se encuentra en la corriente legislativa y el PLN espera que avance en los tres últimos meses de labor de la actual Asamblea Legislativa.
Pero si fracasa sería una de las iniciativas que los nuevos diputados liberacionistas impulsarían en el Congreso durante los primeros meses del nuevo Gobierno.
El debate tendría relativa celeridad porque se trata de un tema que goza de consenso y su votación solo requiere de una mayoría simple (29 diputados).
Desentrabar la Setena
Con un decreto, el nuevo gobierno pretende reducir el ámbito de control de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) y agilizar su gestión.
Según la Ley Forestal y un fallo de la Sala Cuarta, la Setena puede intervenir en la fiscalización de 188 actividades, sin embargo, expertos ambientales señalan que solo entre 10 y 15 gestiones debieran contar con la aprobación de la Setena.
El futuro decreto, que se plantearía en mayo, establecería los casos que requerirán estudio de impacto ambiental,
Una efectiva simplificación de trámites
Un cambio en el Reglamento de la Ley de Simplificación de Trámites permitiría al ciudadano aplicar el silencio positivo ante la administración pública cada vez que esta retrase la gestión de un trámite.
En la actualidad, cada vez que una entidad no responde a tiempo podría ser objeto de una acusación del afectado para hacer valer el silencio positivo y así dar por aprobada la gestión.
Sin embargo, la Administración Pública rara vez acata esa demanda y suele interponer un juicio contencioso-administrativo cuya duración promedio es de seis años.
La reforma establecería que el ciudadano pueda acudir ante un tribunal administrativo para que resuelva la controversia en un plazo improrrogable de cinco días.
Se trata de un cambio reglamentario que se presentaría luego del 8 de mayo. Además, se articularía un esfuerzo en todas las instituciones para evaluar los trámites que exigen.
Un gobierno digital
1% más de presupuesto recibirá el Ministerio de Ciencia y Tecnología para potenciar el Gobierno Digital.
Aunque se trata de una medida que tal vez vea sus frutos dentro de un año, Roberto Sasso confeccionó -a pedido de Óscar Arias- el reglamento para impulsar un gobierno digital.
El objetivo es adoptar plataformas informáticas y el uso de Internet para realizar trámites. Tras asumir los verdiblancos, se constituirá una comisión de alto nivel. Un oficial en jefe de información coordinará la labor técnica.
Las dependencias estatales deberían modernizar sus sistemas internos para utilizar las tecnologías de Internet en sus sitios web y en todos sus sistemas.
La idea es evitar la creación de dependencias tecnológicas entre el Estado y sus proveedores. Aquellas relaciones que todavía existen serán evaluadas y, de ser posible, eliminadas.
El Oficial dictaría los estándares a los cuales deberán ajustarse las dependencias estatales.
También escogería y definiría los estándares de arquitectura de sistemas de cara al público. Esto permitiría una interoperabilidad transparente entre instituciones y le facilitaría al usuario su interacción con los sistemas.
Reformar el reglamento de la Asamblea Legislativa
90 días como máximo para votar los proyectos considerados de interés nacional.
Una reforma al artículo 208 del Reglamento de la Asamblea Legislativa pretende ser impulsado por los liberacionistas. La idea es que aquellos proyectos que el Ejecutivo considere como de interés nacional se voten dentro de los 90 días transcurridos tras presentarse a la corriente legislativa, indicó Kevin Casas, futuro segundo vicepresidente.
Se habla de que serían consideradas iniciativas de interés nacional un máximo de seis proyectos durante el periodo de sesiones ordinarias y otros seis en extraordinarias.
Esta reforma al reglamento legislativo requiere de mayoría calificada (38 votos) y sería una de las tareas más complejas.
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