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Política | Carta del Mandatario defiende legalidad del adendo Sello de Arias en caso Alterra tensa decisión de Contraloría Juan Pablo Ferrari Saavedra La contralora Rocío Aguilar niega presiones y defiende autonomía La firma del presidente Óscar Arias al adendo al contrato del aeropuerto Juan Santamaría eleva la tensión del ambiente político en torno a la decisión de la Contraloría que debe refrendar el documento antes de agosto. Por primera vez, un adendo al contrato llega al órgano contralor con el respaldo del más alto nivel político de este Gobierno interesado en finiquitar la polémica del desequilibrio financiero que reclama el gestor Alterra Partners. Una vez refrendado el adendo por la Contraloría, el contrato podría seguir su curso. La presencia de Arias en este documento también implica una forma de contener el daño político que pudieron haber ocasionado las declaraciones de Guillermo Constenla, presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros. Constenla calificó el adendo como ilegal e inconstitucional. De esa forma, Arias reafirmó cuál es la posición de su administración y, a partir de ese momento, Constenla declinó referirse del tema. Además, Carlos Sojo, politólogo de Flacso, interpretó la decisión de Arias como una señal de compromiso de su gestión con la inversión extranjera. En el pasado, la única injerencia presidencial sobre este contrato fue la del exmandatario Miguel Ángel Rodríguez, que además no consultó a los fiscalizadores del aeropuerto (véase recuadro: "Hechos..."). A su vez, el exmandatario Abel Pacheco nunca se comprometió con el tema y siempre delegó en los ministros de Obras Públicas y Transportes la responsabilidad. "No hay presiones" La contralora Rocío Aguilar negó sentir presión y recalcó que ese órgano abordará el tema con las competencias constitucionales que posee. Sin embargo, añadió que el estudio de legalidad del adendo no descarta analizar el hecho que haya sido firmado por el Presidente, aunque recordó que con frecuencia han recibido observaciones al contrato. Pero la Contraloría tiene el reto de sustentar su criterio y, en caso de refrendar el adendo, cerrar todos los portillos ante la posibilidad de que los críticos de Alterra afirmen que cedió a las presiones. De antemano, el Partido Acción Ciudadana (PAC) denunció que el respaldo presidencial al adendo representaba "una peligrosa injerencia" sobre un órgano autónomo dependiente del Poder Legislativo. Alberto Salom, diputado del PAC, insistió en que el adendo es ilegal pues intenta modificar un contrato aceptando las exigencias de Alterra. Sin embargo, Arias enfatizó en su carta que los cambios se ajustan a la Constitución. Esta es la cuarta versión del adendo; dos fueron rechazadas por la Contraloría el 2005 y la tercera este año.
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