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EDITORIAL

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Signos positivos y temas por resolver

Según comunicó capitalfinanciero.com el pasado viernes 7, el Banco Central revisó la cifra de crecimiento económico del 2005. El Producto Interno Bruto (PIB) del país no varió 4,1% como se había registrado, sino 5,9%, la tasa más alta reportada desde 2003, cuando fue de 6,4%. Según el Banco Central se detectó que hubo un aporte mayor al contabilizado originalmente de las exportaciones de los regímenes especiales, principalmente por las ventas realizadas por Intel; además por una revisión de las cifras de telecomunicaciones que proporciona el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Según informamos en esta edición, en la sección Finanzas, la tendencia positiva del 2005 se ha mantenido durante el primer semestre del 2006, motivada principalmente, al igual que el año pasado, por el dinamismo del comercio exterior. Pese a que los empresarios desbordan optimismo, según el Indice de Confianza Empresarial de la Unión de Cámaras, los consumidores tienden a ser más cautos, posiblemente en espera de más señales que los induzcan a incrementar su consumo y la inversión. Así lo evidencia la medición de junio del Indice de Confianza del Consumidor realizada por la firma Unimer Research para El Financiero.

Según esta medición, ocho de cada 10 jefes de hogar espera un deterioro en su poder adquisitivo. Esa expectativa pareciera basarse en un hecho concreto. El diario La Nación reportó el pasado martes 4 de julio que en los últimos dos años el salario real de los trabajadores disminuyó en 4,8%, de acuerdo con cifras de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Se indicó además que el salario real promedio (excluyendo el efecto de la inflación) bajó en forma continua a una tasa anualizada de 3% durante los 24 meses anteriores a abril de este año. Mientras, entre diciembre de 1996 y abril del 2004, el salario promedio de los trabajadores creció de manera sostenida.

Estas ambigüedades deben llamar a la reflexión a las autoridades económicas y sociales del Gobierno. Si bien hay una base sólida de crecimiento económico, luce matizada por importantes desequilibrios. Por una parte está la inflación, que aunque bajo un mayor control sigue siendo la principal tarea pendiente en el campo monetario. Igualmente otras variables monetarias complican el panorama al Banco Central. En materia fiscal, la prudente disciplina en el gasto que lideró Hacienda durante el año anterior, muestra signos de debilitamiento en lo que va del año, a pesar de que el titular de esa cartera procura obtener apoyo a las iniciativas tributarias argumentando que habrá vigilancia de la eficiencia en el manejo de los recursos públicos.

Si bien las expectativas de los consumidores han mejorado progresivamente respecto al inicio de las mediciones del Indice, hace año y medio, es claro que las personas y familias están conscientes del impacto de la inflación en sus finanzas. No tenemos duda de los esfuerzos del presidente del Banco Central por vigilarla, pero dudamos de que otros actores, incluso una remozada Asamblea Legislativa, estén conscientes de la importancia de controlarla definitivamente. Es por eso que quienes dudan de los beneficios de la cancelación de deudas del Banco Central, en las llamadas pérdidas cuasifiscales, deben buscar consejo y dejarse asesor por conocedores de esta temática. Y, pese a que existen otras prioridades de discusión y votación en el Congreso, es imperativo que esta iniciativa esté en la lista.

El hecho de que los consumidores y las familias sientan algún grado de insatisfacción tiene que tomarse con cuidado. Las iniciativas de ley que pretende impulsar el Gobierno --tres proyectos tributarios, el Cafta, el marco legal de operación de las telecomunicaciones, del ICE y ahora del sector energía, y los planes de apertura del Instituto Nacional de Seguros-- son altamente complejas. Pese a que se promuevan con un adecuado manejo político, generarán una efervescencia social importante. Si los sectores interesados en obstaculizar o retrasar la discusión de estos proyectos logran impactar en la población, podría generarse una clima social perjudicial que no solo afecte la gestión del Gobierno, sino también el comportamiento de la economía.

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