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Legislación | Pequeños hoteles preocupados por futuras inversiones Sector turístico pide revisar ley a favor de discapacitados Ana Cristina Camacho Sandoval Piden exclusión de microbuses y busetas Si el dueño de una microbús turística con espacio para 15 personas tuviera que acondicionar su unidad a fin de cumplir con la ley a favor de los discapacitados, quedaría con un vehículo para apenas cuatro o cinco pasajeros. Así lo razonó Sergio Hidalgo, vicepresidente de la Asociación Costarricense de Operadores Turísticos (ACOT), quien dijo que en el sector turístico nacional ronda la preocupación de hasta dónde llegará a perjudicarlos la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con DiscapacidadNo. 7600. Esta normativa tiene 10 años de vigencia pero las peticiones de reforma y de prórroga continúan. La ley obliga a todos los establecimientos que brindan cualquier tipo de servicio a contar con la infraestructura adecuada para que las personas con problemas de movilidad puedan tener acceso a ella. Por ejemplo, rampas para silla de ruedas, baños anchos, habitaciones espaciosas, sin desniveles y con ascensores o material publicitario en braille. Petición de exclusión Además, la ley 7600 exige que todos los buses tengan el 100% de sus unidades equipadas con rampas, timbres luminosos o pasillos anchos. En junio pasado, la Asamblea Legislativa otorgó una prórroga de hasta ocho años para que los autobuseros sustituyan sus unidades viejas por otras nuevas acondicionadas. En medio de este proceso, quienes transportan turistas buscan que los diputados excluyan de este requisito a la modalidad de busetas y microbús y solo dejen a los autobuses. Como segunda opción pretenden que el transporte de servicios especiales (estudiantes, trabajadores, excursiones ocasionales y turismo) sea incorporada a la prórroga otorgada de ocho años. Hidalgo reveló que cada microbús nueva cuesta entre US$7.000 y US$8.000 y que existen entre 3.500 y 4.000 permisos permanentes en servicios especiales. Es decir, si al final la ley los obligara a realizar las inversiones de unidades nuevas, los empresarios deberían incurrir en inversiones cercanas a los US$32 millones "solo para adaptar una flotilla que no tiene ni el 1% de uso para discapacitados", estimó. Al respecto, Bárbara Holst, directora del Consejo de Rehabilitación y Educación Especial (Cnree), fue enfática en afirmar que la ley debe cumplirse. Si se cambia, será responsabilidad de los diputados, advirtió. Dijo que el Consejo ha mantenido encuentros con el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), con el fin de exigir aún más su cumplimiento. ¿Y el hospedaje? Otro sector preocupado es el de los hoteleros, sobre todo aquellos sin la declaratoria turís vtica que otorga el ICT. Esto por las inversiones que deberían hacerse para tener infraestructura y accesos adecuados para este grupo, estimado en el 10% de la población. Aplauden el espíritu y la búsqueda de justicia de la ley pero catalogan su contenido como impreciso, mal redactado y desproporcionado. Kurt Schmack, dueño junto con su familia del hotel Lagarto Lodge en San Carlos, cree que antes de que el Estado obligue al sector empresarial a una serie de cambios, debe ser el primero en invertir en infraestructura como aceras, calles, paradas o semáforos. Cualquier remodelación que realicen los empresarios será trasladado al consumidor, comentó. Apuesta por la creación de fondos e incentivos. Que se le ofrezca a esta población celulares o teléfonos fijos a tarifas especiales y evitar así que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) tenga que acondicionar los teléfonos públicos a un metro de altura. También cree que las comunidades deben organizarse, hacer estudios de su población con discapacidad y manejar recursos para atender sus necesidades de infraestructura. ACOT, reconoce que otra desigualdad creada a la luz de la Ley 7600 se refiere a la declaratoria turística. El ICT otorga la declaratoria (que es de carácter voluntaria) una vez que los establecimientos cumplan con la citada ley para (véase recuadro: "Equipamiento hotelero"). Así lo estipula el Reglamento de las empresas y actividades turísticas vigente desde noviembre de 1996 y cuya aplicación recae en las municipalidades. Aún así el ICT siempre hace sus propias inspecciones. El reconocimiento otorga beneficios especialmente en cuanto a la comercialización de productos por parte del ICT, explicó Javier Cordero, funcionario de este ministerio. El resto de hoteles y negocios operan solo con el permiso de funcionamiento de Salud y con la patente municipal. El diputado Oscar López, lamentó que ningún empresario ni organización turística se haya acercado a él para buscar posibles reformas al reglamento. El que el 100% de las habitaciones deba estar acondicionadas le parece excesivo pero el cambio dependerá de si el sector presenta solicitud formal para incorporar el cambio.
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