| Archivo | Indicadores | Lun 29 may, 2006 - Dom 4 jun, 2006 | Escríbanos |
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Gobierno sin plan ante convenciones Tanto Francisco Morales, ministro de Trabajo, como Guillermo Zúñiga, ministro de Hacienda, coincidieron en que no hay una estrategia oficial para revisar las convenciones colectivas. Esto tras el barullo provocado por la sentencia de la Sala IV que eliminó algunos beneficios de convenciones colectivas de varias instituciones públicas. El fallo ya muestra secuelas: Morales comentó que al menos dos convenciones colectivas en proceso de renegociación, en Japdeva y en el Banco Nacional, muestran los efectos de la sentencia de la Sala IV, que el martes 23 de mayo eliminó un sobresueldo de 12% a los trabajadores del INS. "Las convenciones que se están negociando en estos momentos son muy mesuradas, las partes son más prudentes de los contenidos", expresó el titular de Trabajo. Pero a pesar de que en el sector público hay unos 64 convenios no hay un plan de acción en este campo (véase recuadro: "En la lista"). "Habría que conversarlo con el Ministerio de Trabajo y el de la Presidencia. Pienso que la Sala IV está definiendo lo que son derechos de los trabajadores y lo que son excesos", dijo Zúñiga. Tras nuevo balance Morales enfatizó en que los magistrados solo eliminaron "algunas cláusulas de algunos convenios", pero resaltó que las convenciones mantienen vigencia, dado su fundamento constitucional. El ministro de Trabajo reconoció que no hay línea para emprender una valoración general de estos instrumentos, o si la decisión de los magistrados obligará a otros ajustes posteriores. "Esperamos el voto para estudiarlo. En cuanto a la estrategia, estamos en contacto directo con los sindicatos, al Ministerio le corresponde la función de amigable componedor", dijo. Papel difícil, dados los ánimos. La Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) consideró el fallo como "arremetida" contra garantías de los trabajadores y advirtió que irá a las calles. Entretanto, Zúñiga destacó que las finanzas obligan a ser cuidadosos. "No se pretende violentar derechos, pero no se pueden permitir abusos", advirtió.
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