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CNP investigará irregularidades en programa de reconversión productiva
31 Mayo 2006, 03:30 PM

La nueva administración del Consejo Nacional de Producción (CNP) investigará los 161 proyectos de reconversión productiva para los que se destinaron más de ¢23,8 millones durante la administración pasada y de los cuales apenas se ha recuperado un poco más de ¢2,7 millones.

El presidente ejecutivo designado por el actual Gobierno, Francisco Oreamuno, dijo que hay serias irregularidades pues más de la mitad de los proyectos que se autorizaron para ser financiados no contaban con las garantías correspondientes, e incluso en muchos casos no existían las organizaciones que los solicitaron.

Oreamuno explicó que se procederá a formular los cobros judiciales correspondientes para hacer cumplir las garantías, aunque aclaró que son poco optimistas, pues en numerosos casos se trata de prendas e hipotecas cuyo valor ni siquiera alcanza a cubrir un 10% del monto que se entregó para financiar el proyecto.

El presidente ejecutivo agregó que también se ejecutará una investigación al interior del CNP para determinar las responsabilidades de los funcionarios que realizaron los estudios de evaluación y las auditorías de los proyectos que terminaron siendo aprobados. Aseguró que en muchos no ha sido posible comprobar si fueron o no ejecutados.

Escándalo en la zona Atlántica

La Junta Directiva del CNP que presidía José Joaquín Acuña aprobó en diciembre de 2003 un proyecto por más de ¢655 millones para la organización de productores Manos Unidas, de la localidad de Pococí, cuyo objetivo era financiar un programa de crédito para la producción de raíces tropicales.

El CNP alcanzó a desembolsar en abril del 2004 más de ¢568 millones; sin embargo, la nueva administración decidió congelar el resto del dinero e iniciar una investigación ante la denuncia de serias irregularidades en el proyecto.

El Financiero intentó localizar a Acuña para que se refiriera a esta situación, pero no fue posible localizarlo.

Oreamuno afirmó que la primera sorpresa fue descubrir que la organización Manos Unidas había sido una entidad de estudiantes de secundaria y que para formalizar el proyecto se había "adecuado" para que aparecieran productores de tubérculos como los titulares de la entidad.

Aunque los auditores de la época señalaron en un informe que el proyecto era poco viable y que las garantías ofrecidas no reunían los requisitos de solvencia que exigía el programa de reconversión productiva, la Junta Directiva le dio el visto bueno. De hecho, las actuales autoridades del CNP dijeron que sólo será posible recuperar unos ¢79 millones en garantías: menos del 15% del monto girado.

El actual presidente ejecutivo del CNP dijo que el dinero se entregó para cultivos que ya estaban a punto de ser cosechados; es decir, no para apoyar su arranque como se explicó en el proyecto, lo que constituye un incumplimiento contractual.

Añadió que muchas de las siembras no obedecían a un cronograma específico y las dimensiones en hectáreas de las áreas de cultivo se habían modificado de forma arbitraria.

Oreamuno consideró que, como este caso, hay muchos en los cuales hubo negligencia de los profesionales del CNP para fiscalizar los proyectos de reconversión productiva, además de evidente mala fe de parte de algunas organizaciones de productores que se aprovecharon del mecanismo para obtener recursos del Estado de forma irregular.

El CNP revisa en detalle los 161 proyectos asignados y espera recuperar la mayor cantidad de recursos a través de la vía judicial; sin embargo, también planea una serie de transformaciones al sistema como la entrega de la administración financiar del fondo de reconversión productiva a una entidad bancaria.

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