EDITORIAL

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Otro paso hacia la modernización

En medio de una intensa polémica -cosa común en estos casos- la Superintendencia General de Entidades Financieras anunció primero y pospuso después la entrada en vigencia de un nuevo Reglamento de Calificación de Deudores. Y si bien la SUGEF ha anunciado que el reglamento no será modificado durante el periodo de espera -de cuatro meses- antes de su entrada en vigencia, parece conveniente este espacio de tiempo para promover un debate sobre el rumbo de la supervisión financiera.

En este contexto, nuestro primer comentario es que compartimos plenamente la aspiración de que Costa Rica llegue a contar con una normativa y unas prácticas de supervisión del sistema financiero que correspondan con los estándares internacionales más elevados. Nada atenta tanto contra el progreso de nuestro país como la idea de que no debemos hacer las cosas bien, sino "a la tica", expresión que desgraciadamente se ha convertido en sinónimo de chapuceria y falta de seriedad.

Sin embargo, ¡atención!, el verdadero objetivo es contar con un sistema financiero de primera categoría y la normativa es un instrumento al servicio de ese objetivo. Por lo tanto, se deben avanzar con un norte claro y con rigor, pero con cautela, para evitar el peligro de que la normativa detenga, en vez de apuntalar, el desarrollo del sistema financiero.

La preocupación no es gratuita: en el mercado de valores la normativa ha evolucionado rápidamente y se acerca cada vez más, nos dicen los reguladores, a estándares internacionales, pero el número de emisores privados se reduce por razones que, sospechamos, no pueden atribuirse únicamente a la situación coyuntural del mercado financiero internacional y el bajo costo que en el pasado reciente ha tenido el crédito bancario.

En lo concreto, dos comentarios parecen pertinentes. La idea de contar con un record crediticio de todos los deudores del sistema financiero, al que tendrán acceso los propios deudores así como los entes regulados, permitirá, en principio, que los buenos pagadores obtengan condiciones financieras más favorables y los malos pagadores condiciones más estrictas. Esto constituye un indudable paso con respecto a la situación actual, en la que el costo impuesto al sistema financiero por los malos pagadores es distribuido entre todos los usuarios.

Sin embargo, esta mejoría en las condiciones de acceso al crédito por parte de los buenos pagadores es una posibilidad teórica. En un mercado competitivo, el beneficio para los usuarios del sistema se materializaría rápidamente. En un mercado en que algunos intermediarios financieros tienen poder monopólico -como es nuestro caso, según un reciente estudio del Banco Central- el resultado podría ser distinto: un endurecimiento de las condiciones financieras para los malos pagadores sin que mejoren las condiciones para los buenos pagadores. En otras palabras: a menos que se promueva una mayor competencia las mejoras regulatorias que resulten en aumentos en la eficiencia del sistema no necesariamente se traducirán en una reducción del costo que los usuarios pagan por el acceso a los servicios.

Una segunda observación está en la obligación de cancelar periódicamente los créditos revolutivos, incluyendo aquellos basados en el descuento de facturas. Como nuestro reportaje de la semana pasada deja claro, este requerimiento restringirá el acceso al crédito para algunas empresas, particularmente pequeñas y medianas, aunque ellas tengan un record de pago perfecto. Este es un aspecto de la normativa que amerita un examen más detenido y, probablemente, una reformulación.

Finalmente, un comentario que a pesar de ser obvio, resulta inevitable: bien están todos los esfuerzos de las autoridades para modernizar la normativa de orden reglamentario que regula nuestro sistema financiero. Pero Costa Rica no puede postergar indefinidamente una discusión de fondo sobre la naturaleza, objetivos y funciones de su sistema financiero. Aunque mucho tienen que hacer los reguladores, existen tareas de fondo que corresponden a los legisladores. Hagamos votos, entonces, para que la nueva Asamblea Legislativa asuma con éxito las responsabilidades que le caben en este campo en vez de repetir la impericia y falta de productividad de la legislatura pasada.

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