INFORME ESPECIAL

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Convenciones nos cuestan ¢49.357 millones

12 de 17 entidades gastan ¢2,4 millones por empleado al año

Las convenciones colectivas de 12 instituciones públicas (incluidos los cuatro bancos) cuestan aproximadamente ¢49.357 millones al año.

Esto significa que los beneficios de esos contratos de trabajo le cuestan al Estado 1,4 veces más del valor de reparar las carreteras del país este año.

Visto de otra forma: en promedio, cada trabajador recibe ¢2,4 millones adicionales a su salario cada año gracias a esas convenciones, cifra un 150% mayor al sueldo mínimo anual fijado por el Gobierno.

Sus defensores alegan que es un mecanismo avalado por la Constitución para facilitar la paz laboral; sus opositores lo acusan de fomentar privilegios para pocos trabajadores, financiados con fondos públicos.

Lo cierto es que en Costa Rica hay convenciones vigentes en 17 instituciones públicas, 49 municipalidades y 13 empresas privadas. Desde 1968, el Ministerio de Trabajo homologó 790 negociaciones.

Estos acuerdos han sido cuestionados debido a los privilegios que incluyen, por ejemplo, bonos vacacionales, aumentos desproporcionados de salario y, especialmente, topes de cesantía mayores a los del resto de los empleados del país.

El Financiero logró obtener el costo que tienen los acuerdos de 12 entidades, las cuales benefician a 20.369 empleados, apenas el 8% de los trabajadores públicos del país.

Pero hay que aclarar que ninguna entidad estatal tiene información consolidada sobre el tema: el Ministerio de Trabajo solo maneja el dato de los convenios existentes y sus homologaciones, pero no de su costo; Hacienda tampoco tiene esas cifras ni la Contraloría General de la República, aunque desde el 2000 ha emitido 12 reportes en los que advierte sobre los excesos con algunos beneficios y el choque con fallos de la Sala IV.

Precisamente, la Sala IV es la que ha aplicado mano dura contra esas convenciones y ha anulado nueve artículos (en las últimas cuatro semanas) en los acuerdos de Recope, Japdeva, el Instituto Nacional de Seguros (INS), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y la Junta de Protección Social de San José (véase recuadro: "Bajo fuego legal").

Además, tiene 21 recursos pendientes de resolver.

Para los sindicatos, se trata de una campaña contra las organizaciones laborales, pero otros consideran que se está racionalizando el uso de los recursos públicos y eliminando "privilegios".

Una a una

La convención más cara es la del Instituto de Puertos del Pacífico (Incop), pero por una razón particular: incluye la indemnización que recibirán los 1.000 empleados de la entidad como parte de la privatización de los muelles.

Su presidente ejecutivo, Paul Zúñiga, aclaró que este acuerdo se elimina al concluir ese proceso.

Le sigue la convención de Recope, cuyo gasto para este año fue estimado en ¢8.000 millones por el secretario general del sindicato, Gilbert Brown.

"Las convenciones son parte de la ley, están sustentadas en la Constitución Política y en convenios internacionales. Lo que dice la Sala IV de que hay problemas de racionalidad y proporcionalidad es subjetivo. ¿Quién establece qué es lo racional si acaban de eliminar que un trabajador de Recope tenga un permiso sin goce de salario?", señaló el sindicalista.

En tercer lugar está la convención del INS, que tuvo un costo de ¢7.500 millones el año pasado.

El hecho de que este acuerdo no incluya un tope de cesantía está siendo evaluado por la Sala IV y el temor de su eliminación provocó la renuncia de 258 empleados en los últimos dos meses.

En cuarto lugar se ubica la convención del Banco Nacional, con ¢7.200 millones, la cual precisamente ha estado en renegociación en el último año y medio (véase nota adjunta).

El gerente de la entidad, William Hayden, recordó que esta convención no depende del presupuesto nacional, pues se financia con las ganancias del Banco.

Sin embargo, es la más cara entre los cuatro bancos: le siguen la del BCR con ¢4.300 millones (firmada en noviembre pasado), la de Bancrédito (que incluye el pago de prestaciones producto de la reestructuración que inició el banco el año pasado) y finalmente la del Popular.

Entre las instituciones públicas, siguen en la lista por su costo la convención de Japdeva, la de la CNFL, la de la CNP, la de la Imprenta Nacional (la más reciente) y la de Correos de Costa Rica.

Cabe resaltar que dos entidades comunicaron que su convención no tiene ningún costo, porque en su criterio no contienen privilegios: el Registro Nacional y la Universidad Nacional.

Desde otro punto vista, otros justifican las convenciones.

"Los salarios en el sector público están por debajo del sector privado. La convención colectiva permite compensarlo, evita que los funcionarios se vayan y facilitan la relación laboral", manifestó Marco Cordero, gerente de la CNFL.

Por ahora, el Gobierno no tiene una estrategia clara sobre las negociaciones de estos contratos, pero el Ministerio de Hacienda ha pedido austeridad en los acuerdos.

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