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Los inversionistasdueños de fincas en Playa Grande, advierten que la estimación del valor de las tierras hecha por el Estado varía de sus cálculos en US$22,2 millones. Foto Rafael Pacheco/Para El Financiero/Archivo

Legislación | Valor estimado por el Estado US$821.841 pero los dueños piden US$23 millones

Se caldean los ánimos por expropiaciones en Playa Grande

Extranjeros preparan acción ante Sala IV en contra de la medida

Mientras la tortuga baula lucha por sobrevivir en Playa Grande donde llega a desovar, los dueños de propiedades están en guerra abierta contra el Estado para evitar ser expropiados.

Los decretos ejecutivos que declararon de interés público las fincas cercanas a la playa donde anidan las tortugas comenzaron a publicarse en agosto del 2004 y el último salió en marzo anterior.

Por ahora se trata de 18 propiedades, todas de extranjeros (cuatro belgas, un alemán, 12 estadounidenses y un suizo) para un área total de 38.438,30 metros cuadrados en una línea costera de tres kilómetros. En 10 de los casos se afectaría el 100% de la finca.

El proceso esta sin concluir pues el Estado calcula que en total serán 34 hectáreas.

Argumentos en pugna

Las justificaciones del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) no convencen a los afectados quienes advierten que echarán mano de todos los instrumentos legales para evitar que el Estado adquiera sus fincas.

La primera razón que esgrime el Minae es proteger la tortuga baula, especie catalogada como en vías de extinción.

De hecho, en mayo anterior la Unión Mundial para la Naturaleza confirmó que sigue estando en la lista roja. En el caso costarricense las que llegan a desovar al pacífico están en una situación aún más crítica, recordó Julio Montes de Oca, experto en humedales.

La segunda razón es que forma parte de una estrategia de consolidación del parque y por eso el Minae quiere asegurar una franja de 75 metros para proteger así los principales sitios de anidación.

Esta política atrajo el interés de conservacionistas y organizaciones internacionales las cuales desean ayudar económicamente al país en su lucha por la supervivencia de la tortuga, relató Rodney Piedra, director del Parque Nacional Marino Las Baulas.

Para los propietarios, las expropiaciones no salvarán a ninguna tortuga porque las principales amenazas son el saqueo de huevos, la luz artificial y la pesca irresponsable usando palangre y trasmallo.

Con esta percepción coincide el catedrático de la Universidad Nacional, Freddy Pacheco, quien rechazó la propuesta de triplicar el ingreso de turistas a las playas protegidas como medio de financiar mediante tarifas la compra de tierras.

La idea surgió de la organización Leatherback Trust que mantiene una acuerdo de cooperación con el Minae.

Pacheco insistió en que impedir desarrollos masivos no es la solución porque se piensa erróneamente que es en la playa donde está la causa de la desaparición. "Aunque se inviertan más de US$100 millones en un probable proceso de expropiación, eventualmente no llegaría ni una sola baula a desovar a ninguna playa costarricense", comentó Pacheco en un documento que publicó en el 2004.

Comentarios preocupantes

Para el director del parque es preocupante hacer comentarios de ese tipo porque echan por la borda toda acción para preservación de la especie.

Sostuvo que el plan estatal contempla las expropiaciones pero también otros aspectos como control sobre la pesca y el uso de nuevos transmisores satelitales para conocer las rutas migratorias de este reptil.

Sería irresponsable -agregó-achacar la disminución de la población de baulas a un solo factor (veáse recuadro: "Después de 110 millones de años").

El 80% de las tortugas madre, según se ha determinado, está anidando en las tres playas del parque (Grande, Ventanas y Tamarindo).

El Minae también hace hincapié en el compromiso asumido por el país al ratificar el Convenio de Diversidad Biológica en 1994 que establece un sistema de áreas protegidas.

Igualmente firmó la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Baulas desde 1999 de la cual convino restringir toda aquella actividad humana que afecte a esta especie.

¿Vinculante?

En este último punto el Parque Nacional Marino las Baulas pretende evitar un desarrollo urbanístico desordenado.

El problema para los dueños de tierra es que supuestamente las expropaciones se están haciendo violentando la ley.

Jacques Fostroy, uno de los afectados, reclamó que el Minae se está basando en un criterio de la Procuraduría que no es vinculante y donde se pretende redefinir los límites del parque con una franja terrestre de 125 metros desde la pleamar ordinaria cambiando el término mar adentro por tierra adentro.

Aseguró que desde su creación el parque fue marino, no terrestre y en ese sentido acudir a las expropiaciones es incorrecto.

Vianney Saborío, asesor legal de Fostroy, dijo que si el Minae quería convertir en vinculante la opinión jurídica tenía que consultarlo primero con su departamento legal, lo cual no hizo.

Mencionó además que la ley de creación del parque (1995) fue votada sin mayoría calificada, lo cual atenta contra el artículo 45 de la Constitución Política.

"Las expropiaciones son orquestadas por Conservación Internacional y por el exministro de ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, ahora funcionario de esa organización mundial", criticó Fostroy.

Piedra, director del parque, niega tales aseveraciones. Recordó que la Procuraduría emitió dos criterios, el último de los cuales (C-444-2005) le da efecto vinculante a los límites fijados que incluyen los 50 metros inalienables más 75 metros de tierra adentro, precisamente donde se afectan propiedades privadas.

Recordó que en algunos casos hay propietarios que adquirieron sus lotes después de la creación del parque e incluso después de haberse iniciado el proceso de expropiación y debían saber que existe un riesgo cuando el Estado por razones justificadas requiere recuperar esas tierras.

Existe sustento económico para pagar las fincas gracias a donantes internacionales, el problema está en que el cálculo del Estado difiere de los empresarios en US$22,2 millones.

Fostroy junto con otros inversionistas esperan presentar en los próximos días una acción de inconstitucionalidad para defender lo que ello llaman derechos legítimos.

Advierte que todo lo actuado por el exministro Rodríguez podría ser objetado judicialmente.

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