ECONOMÍA

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Vivienda | Informe advierte que situación se agudiza y urge decisión a autoridades

Contraloría da ultimátum al INVU: se salva o se cierra

Sistema de ahorro y préstamo de entidad no está en riesgo

La Contraloría es contundente: el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) requiere una decisión definitiva: se emprende una reconstrucción a fondo para salvarlo o se le pone candado.

El ultimátum apareció en el último informe de la Contraloría sobre el INVU, el DFOE-FEC-12-2006 del 9 de mayo. En él se analiza la situación del INVU central (administración), el cual se considera que carece de viabilidad financiera y económica.

El estudio no incluyó el sistema de ahorro y préstamo, el cual no estaría en riesgo, ya que su administración podría trasladarse a otra entidad de intermediación financiera sin afectar su funcionamiento.

Pero la existencia del INVU está en juego, un año después de celebrar su 50 aniversario. Las fisuras detectadas desde hace años se han convertido en daños estructurales que obligan a reconstrucción total, o a preparar su liquidación (véase recuadro: "Fracturas.").

Tal es la advertencia que la Contraloría realizó a la junta directiva del INVU: deberá realizar una auditoría integral para evaluar su situación financiera (que es incierta) y evaluar su estructura y el ordenamiento jurídico, para recomendar una estrategia de sostenibilidad a largo plazo o una eutanisia ordenada.

En ambos casos, el Gobierno tendría que sacar la chequera, sea para recapitalizar la entidad o como garante para aportar los recursos necesarios para formalizar el cierre.

Según cálculos del ente fiscalizador, el faltante de recursos podría ser de un 86% del costo de ese proceso. Y es una cifra que va en aumento.

Cimientos de la crisis

La revisión de la Contraloría repasó los estados financieros del INVU central durante el 2004 y el 2005, e incluyó los resultados de una firma de auditores externos (Gutiérrez Marín & Asociados), los cuales incluso advirtieron que por las deficiencias de control interno que encontraron, no podían expresar una opinión sobre los estados financieros de la institución, del 2002 al 2004.

"Una de las grandes dudas es la calidad de los activos, por eso urgimos a que se realice una auditoría, a que se realicen estudios previos para demuestren la viabilidad de la entidad, o si no es viable, el proceso ordenado para su cierre", comentó Luis Fernando Campos, gerente del área de servicios financieros, economía y comercio de la Contraloría.

El panorama es deficitario, al punto que en los últimos dos años se pasó de ganancias a perdidas netas (véase gráfico: "Excedentes.")

Pero no se trata de una situación que se presentó en los últimos años: estudios previos habían detectado problemas desde 1993, cuando el informe 29-93 encontró la paralización de algunas actividades por falta de recursos, y calificó la situación financiera como crítica. Luego, el informe 15-2001 resaltó los problemas de liquidez de 1997 al 2000, y el informe 11-2003 registró problemas en el manejo integral del desarrollo urbano, entre otros.

Techo de cristal

El problema no era el conocimiento de la crisis del INVU. "Desconozco los últimos informes de la Contraloría, pero puedo decirle esto: ¿Cuál institución puede mantenerse 40 años sin presupuesto, y prestando de gratis los servicios?", manifestó Ángelo Altamura, expresidente ejecutivo de la institución.

Altamura criticó que el Poder Ejecutivo estaba al tanto de la crisis, pero no se giraron los ¢1.200 millones que el INVU necesitaba cada año. "Nos decían que esperáramos al plan fiscal. Todos conocían lo que pasaba, el Gobierno, la Contraloría, todos", afirmó.

Aseguró que durante su gestión se presentaron nueve proyectos para tratar de enfrentar la coyuntura, pero solo avanzó uno, vinculado con el área que no tiene problemas: el sistema de ahorro y crédito.

"Queríamos que nos permitieran cobrar por los servicios, que nos permitieran ceder terrenos invadidos a cambio de que nos condonaran deudas de Fodesaf, pero los proyectos no avanzaron. Nos piden que tengamos más ingresos, pero no nos dejan tenerlos", dijo.

En todo caso, la dinámica de posponer el problema parece tener techo esta vez.

El ministro de Vivienda, Fernando Zumbado se reunió el pasado 19 de mayo con Eladio Prado, presidente ejecutivo del INVU, y con la Contraloría, para analizar el informe.

Zumbado indicó que están conformando un grupo para estudiar las recomendaciones, y que en esta semana tratarán de realizar un diagnóstico rápido con expertos financieros y de crédito hipotecario. "No tenemos una decisión. Apenas, estamos estudiando el informe", explicó.

El tiempo apremia: la Contraloría asegura que cada día que pasa hace más oneroso el proceso.

Por ello, solicitó a las autoridades del INVU un cronograma en un mes y elaborar estudios para tocar, esta vez, la puerta definitiva: reconstrucción o el candado.

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