ECONOMÍA

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Donnie, su perro guía, custodia a Álvaro Mendieta como representante de los derechos de las personas con discapacidad. Alejandro Sandino/para el financiero

Política | Diez años de vigencia y escasos resultados a favor de personas con discapacidad

Llegó la hora de cumplir la Ley 7600

Álvaro Mendieta vaticina demandas contra el Estado

A partir de este 29 de mayo, cuando la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad cumpla diez años de haber sido promulgada, podría surgir una serie de demandas contra el Estado por incumplimiento.

Cualquier ciudadano que sienta lesionados sus derechos tendrá la posibilidad de exigir ante tribunales de justicia que instituciones o empresas que brindan servicios públicos ejecuten las condiciones estipuladas en la ley.

El caso más crítico es el transporte público, cuyo plazo venció hace tres años.

Ni siquiera el reciente acuerdo entre autobuseros y organizaciones de personas con discapacidad podría exonerarlos de esta disposición, a menos que reciba el aval del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y la Sala IV.

Si esto sucede, a partir del 1 de julio toda la flotilla nueva que ingrese al país deberá contar con el 100% de dispositivos de accesibilidad, no solo la rampa, y Riteve debería incluir dentro de sus parámetros estas obligaciones.

En tanto, las unidades vigentes tendrán un periodo de transición de siete años, para que en el 2014 todos los buses sean 100% accesibles.

Álvaro Mendieta, funcionario del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, ha participado en todo este proceso.

Mendieta, de 46 años, fue el primer asesor presidencial en materia de discapacidad durante el gobierno de Figueres Olsen, cuando se promulgó la ley.

Una década después, en medio de letreros que fomentan la idea de accesibilidad sin exclusión y que refuerzan la razón de esta entrevista, Mendieta enfatizó que los plazos son impostergables. Incluso, advirtió que los jerarcas del MOPT se exponen a demandas penales por incumplir sus deberes.

-Diez años después la ley no se cumple a cabalidad. ¿Tienen razón aquellos que la consideran inalcanzable?

-La meta es alta pero no imposible. Lo que pasa es que ha faltado voluntad política. Los enemigos de la ley han argumentado insuficientes recursos presupuestarios, pero los plazos son razonables.

"Por ejemplo, sectores como el de transporte público pretendieron siempre ignorar la ley y no estaban dispuestos a hacer las modificaciones para tornar el transporte accesible.

"Me atrevo a decir que el MOPT ha sido cómplice. Hace como dos meses otorgó una nueva concesión a una empresa sin exigirle que el 100% de los buses sean accesibles".

-Si los transportistas son los culpables, ¿por qué negociaron con ellos en marzo y les dieron siete años de gracia?

-Las personas con discapacidad pudimos haber paralizado la flota de autobuses, nos respalda la ley, pero jamás queremos infringirles ese daño a los usuarios del servicio.

"Hicimos una concesión a los autobuseros, no por ellos sino por el país. Sin embargo, yo siento que los autobuseros querían utilizarnos para ampliar automáticamente sus contratos de concesión a 25 años.

"Ellos decían que como no se podía cumplir a corto plazo, su solución era ir a huelga. Por eso la posición racional siempre la hemos tenido las personas con discapacidad".

-¿Quiénes son los responsables del incumplimiento?

-La ley asigna responsabilidades muy claras a los ministerios, municipalidades e instituciones públicas. Quizá por ser la discapacidad el principal ausente en las agendas políticas, se ha visto como algo poco importante y nada obligatorio. En general, el principal ingrediente es la falta de voluntad política

-¿Qué ha hecho el Consejo como ente rector para cambiar esta situación?

-Reconozco que la rectoría del Consejo es muy débil. Tiene la potestad para aconsejar, pero no el poder para exigir.

"Por eso la meta es convertirlo en el Consejo Nacional sobre Discapacidad, con el fin de alcanzar una visión más global sobre las necesidades de esta población y así tener mayor capacidad de exigibilidad. Aunque su actual funcionamiento tampoco ha sido nulo".

-¿Qué pueden hacer las personas con discapacidad para velar por sus derechos a partir del 29 de mayo?

-El siguiente paso es acudir a la Sala IV. De ser necesario, también tienen la potestad de exigir sus derechos ante instancias internacionales.

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