EDITORIAL

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La hora de una reforma

El tema de las reformas y la apertura a la competencia en el mercado de los seguros es de enorme importancia para el país. Fue marginado por la administración Pacheco como consecuencia de su indecisión respecto al Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (Cafta) y su afán de congelar todo proyecto directa o indirectamente relacionado con privatizaciones o aperturas de monopolios estatales.

Desde la administración Figueres se empezó a gestar un proyecto de ley que contemplaba, entre otros aspectos, la posible venta de la cartera comercial del Instituto Nacional de Seguros (INS), la apertura del mercado a la competencia, la introducción de normas más claras sobre los diversos tipos de contratos de seguros y la creación de una superintendencia para supervisar a los participantes en este mercado. El tema lo retomó la administración Rodríguez y lo introdujo en el proceso de concertación, que no pasó a más. En el último año de la administración Pacheco, se anunció que se estaba trabajando en una nueva propuesta de ley reguladora del mercado de seguros y fortalecimiento del INS, pero de las palabras no se pasó, pues no se concretó una iniciativa de ley al respecto; una muestra más de la parálisis que ha vivido el país desde que fue firmado el Cafta en agosto del 2004.

Ahora estamos al inicio de un nuevo Gobierno y enfrentamos un posible descalce de plazos preocupante en relación con los compromisos adquiridos en el Cafta. En el caso del mercado de seguros, según el tratado, el país debería establecer una superintendencia a más tardar el 1 de enero del 2007, es decir, dentro de aproximadamente siete meses. Los otros compromisos incluyen la legalización de la compra de seguros en el exterior por parte de residentes en Costa Rica y la posibilidad de que proveedores extranjeros ofrezcan ciertos seguros especializados de manera transfronteriza a partir de la entrada en vigencia del tratado, la posibilidad de que se establezcan en Costa Rica compañías aseguradoras que ofrezcan todos los seguros salvo los obligatorios a partir del 1 de enero del 2008 y permitir la competencia en el suministro de los seguros obligatorios -riesgos profesionales y vehículos- a más tardar el 1 de enero del 2011. Si bien el calendario de compromisos en el caso de los seguros no es tan apremiante como lo es en el caso de la apertura del sector de telecomunicaciones pactada en el Cafta, la inacción no puede continuar y se impone que la administración Arias elabore y someta a la Asamblea Legislativa una propuesta de ley de establecimiento de la superintendencia de seguros y regulación de este mercado a la mayor brevedad posible.

Causan buena impresión las primeras manifestaciones del presidente ejecutivo del INS, en el sentido de que se busca un proyecto de ley que no sea demasiado complicado y que se concentre en los temas fundamentales requeridos para efectos del Cafta. Ahora bien, es importante entender que el propio INS, que es el proveedor monopólico de los seguros en la actualidad, no puede ser el principal responsable ni el líder de la definición de los términos de la apertura en el sector. El INS debe ser un participante importante, pero el liderazgo y las definiciones medulares en esta materia deben venir de los más altos niveles del Gobierno. En lo relativo a la creación de una superintendencia de seguros, nos parece además que no se justifica la creación de una nueva superintendencia, adicional a las ya existentes adscritas al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, sino que la regulación y supervisión del mercado de seguros podría recargársele a la Superintendencia de Pensiones. Esto debería ser parte de la mayor simplicidad del proyecto que se ha anunciado.

Recordamos en la administración Pacheco la intempestiva renuncia de la presidenta ejecutiva de entonces, en circunstancias que no fueron claramente explicadas, y el "error" contable que se descubrió a posteriori y significó para el INS pasar de un supuesto superávit de ¢20.556 millones a un déficit de ¢1.194 millones en el 2001. En días recientes se confirma el pago de comisiones excesivas o injustificadas por reaseguros a corredores extranjeros y un aparente caos interno en el INS en el control de los reaseguros. En fin, urge la creación de la superintendencia en materia de seguros e introducir la competencia entre compañías aseguradoras, en el contexto de un mercado adecuadamente regulado, para beneficio de la competitividad del país y del consumidor.

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