| Archivo | Indicadores | Lun 22 may, 2006 - Dom 28 may, 2006 | Escríbanos |
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Este sitio se actualiza constantemente. Para ver la última versión presione Actualizar en el menú de su navegador, o Control F5 en su teclado. Decreto obliga a funcionarios a declarar posibles conflictos de interés Mario Bermúdez Vives Capitalfinanciero.com El presidente Oscar Arias firmó hoy un decreto en el cual se obliga a los funcionarios públicos a declarar previamente posibles conflictos de interés y a abstenerse de realizar acciones que los beneficien personalmente. El ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, informó que el decreto establece los principios que regirán la ética pública en esta administración. "Uno de los objetivos fundamentales es asegurar la transparencia y la honestidad", dijo. En el decreto se establecen como principios de la función pública el afán de servicio, la integridad, la objetividad, la rendición de cuentas, la transparencia, la honradez, la racionalidad y el liderazgo. Ello implica que los funcionarios deberán someterse a todo tipo de escrutinio de prensa, sociedad civil y ciudadanía, y declarar públicamente cualquier interés privado -familiar, afectivo, laboral, comercial, profesional o empresarial- relacionado con sus deberes públicos. Esta declaración deberá presentarse por escrito ante la autoridad competente. También deberán abstenerse de promulgar, autorizar o suscribir con su voto actos que otorguen beneficios directos para sí mismos, sus familiares, o empresas en las que tienen participación, tanto el funcionario como sus familiares. El decreto también estableció la creación de una Comisión de Ética, formada por miembros de alto nivel, que asesorarán al presidente Arias en esta materia. El anuncio se concreta un día después de que la Contraloría informó que unos 1.500 funcionarios no cumplieron con la obligación de presentar una declaración jurada de bienes, casi un 20% de los burócratas que tenían que observar esta exigencia de la ley contra la corrupción. Al respecto, el ministro Arias indicó que si un funcionario no cumple con una disposición legal, "será la Contraloría la que debe resolver, porque hay un incumplimiento expreso", dijo. |
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