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Leyes | ICE presentó a la prensa propuesta para fortalecer el sector

Gobierno quiere regular redes y no servicios en telecomunicaciones
13 Octubre 2006, 05:30 PM


Mario Bermúdez Vives
Periodista

El Gobierno expuso hoy ante periodistas el proyecto de fortalecimiento del sector de telecomunicaciones, en una actividad donde Pedro Pablo Quirós, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), enfatizó en la intención de regular redes y no servicios.

Nelly Vargas, asesora del Ministerio de Comercio Exterior, explicó que dada la condición de convergencia que se abre paso en el sector de las telecomunicaciones -una sola tecnología, una misma red, permite el acceso a diferentes servicios- los dos proyectos de reforma a las telecomunicaciones enfatizan en la regulación de redes.

Los dos proyectos de telecomunicaciones fueron presentados el 3 de octubre a la Asamblea Legislativa. El primero de ellos, fortalecimiento del sector de telecomunicaciones, replantea los roles en este sector (rectoría, regulador y operador), mientras la ley general de telecomunicaciones, o ley marco, establece las pautas para su regulación, mediante la competencia del mercado en varios campos (se excluye la telefonía fija).

Quirós enfatizó en que es tiempo de modernizar al ICE, luego de que han cambiado las condiciones que existían cuando fue creado.

Los tres roles

Por su parte Vargas hizo un recorrido por el proyecto de fortalecimiento, haciendo énfasis en los nuevos roles que se establecerían con la reforma.

En materia de rectoría, se crea el ministerio de ambiente, energía y telecomunicaciones (Minaet), para realizar una función que corresponde al Poder Ejecutivo -coordinar, planificar y dirigir las políticas en telecomunicaciones- que en la práctica no se han ejercido de manera formal.

En regulación, se pasa de la labor de la Aresep (limitada a tarifas y la calidad del servicio) a una regulación especializada, con la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) que sería un ente adscrito a la Aresep, pero con funciones más amplias (otorgar concesiones y autorizaciones, sancionar, evitar prácticas monopolísticas, entre otras).

Y en materia de operadores, el Estado mantendría al ICE, Racsa y la Compañía de Fuerza y Luz, pero con más flexibilidad para realizar compras y endeudarse, lo que les permitiría competir en un mercado abierto.


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