EDITORIAL

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Llegó la hora de decidir

Tras varios meses de intenso trabajo, la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa dio por terminada la etapa de audiencias relacionadas con el tratado de libre comercio entre República Dominicana, Centroamérica y los EE. UU. (Cafta). Aunque iniciada con retraso, la labor de la Comisión ha sido muy necesaria y conveniente, y, sobre todo, ha permitido que el país llegue a importantes conclusiones sobre este convenio internacional.

En primer término, ha quedado claro que el acuerdo es uno de naturaleza esencialmente comercial y de inversión y que se encuentra subordinado al marco institucional y jurídico fijado por la Constitución Política. No se trata, entonces, de un instrumento que pretende ni tiene como efecto, alterar nuestro Estado social de derecho y mucho menos socavar los principios y valores que caracterizan a la nacionalidad costarricense.

También ha servido el proceso para desechar muchas de las atrocidades que se le endosaban: ni se privatiza la educación pública, ni la Caja Costarricense de Seguro Social quebrará, ni se están debilitando los derechos laborales o las regulaciones ambientales. Tampoco se perdió la Isla del Coco, ni se llevarán las aguas de nuestros ríos, ni nos convertirá en productores de armas.

Lo que sí es cierto es que el Cafta es solo una herramienta más, que nos permitirá consolidar el acceso en condiciones preferenciales al mercado más rico del mundo. Además, lo hará sobre una base de reciprocidad –lo cual implica necesariamente que tenemos que estar dispuestos a dar algo a cambio– y sujeto a un mecanismo de solución de controversias con el que no ahora no contamos.

Este tratado de libre comercio se inserta, así, en una política comercial de integración plena con los mercados internacionales, la cual se ha venido profundizando en las últimas dos décadas y cuyos frutos nadie puede negar. Esta integración es, además de positiva, ineludible para un país de nuestras dimensiones.

Por su parte, es igualmente cierto que los compromisos adquiridos provocarán una reestructuración importante en algunas áreas, particularmente en los mercados de seguros y de telecomunicaciones. Pero la apertura de estos dos mercados es una necesidad de larga data y ahora lo que corresponde es que sepamos diseñar las regulaciones que se requieren para permitir, de manera efectiva, la participación de proveedores adicionales y asegurar que los consumidores lleguen a disfrutar los beneficios de la competencia.

Si, como se aduce, las instituciones estatales afectadas no han hecho la tarea de prepararse para la competencia que se avecina, serían ellas las únicas culpables, porque nadie serio podría argumentar en nuestro país que estos cambios lo toman por sorpresa.

Finalmente, es necesario también que los costarricenses nos pongamos de acuerdo sobre las leyes y programas que deben acompañar al Cafta. Sea cual sea el nombre que le demos a dicha agenda, lo cierto es que es esencial sentar las condiciones para que las oportunidades que el tratado crea sean aprovechadas por el mayor número, y esto pasa por elevar la competitividad de las empresas, construir nuevas obras de infraestructura y modernizar muchas de las actuales, mejorar substancialmente la educación, asegurar el acceso a salud de calidad, fortalecer la acción del Estado en varios campos, y compartir adecuadamente la riqueza que la inversión extranjera y el comercio internacional generan.

No se trata, sin embargo, de condicionar la aprobación del tratado de libre comercio o de ponerle obstáculos adicionales, sino de dejar, de una vez por todas, la retórica insulsa y poner manos a la obra.

Pronto llegará la hora de tomar decisiones en la Asamblea Legislativa. El Cafta ha sido discutido como nunca antes se discutió proyecto alguno. Sus promotores y opositores han tenido amplia oportunidad de manifestar sus opiniones a través de innumerables medios y tratar de convencer a quienes pensaban diferente. Está muy bien que así haya sido. Eso es lo que se espera de una añeja democracia como la nuestra.

Corresponde ahora que la Comisión emita su dictamen y que luego el proyecto sea sometido a votación ante el Plenario legislativo.

Las circunstancias exigen que todos los actores políticos y sociales respondan con madurez, sensatez y verdadero patriotismo. Costa Rica no merece nada menos.

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