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Columna Triburaria: Una reforma sencilla


Alonso Arroyo
KPMG

Nuevamente vemos como el Ministro de Hacienda se topa con la pesadilla por la que han pasado sus antecesores de administrar las finanzas públicas de nuestro país: la recaudación tributaria no alcanza para cubrir los gastos públicos, lo que conlleva a diferir la realización de obras necesarias para el país.

El fin primordial de toda reforma fiscal y, por ende, de todo sistema tributario debe ser lograr extraer de forma "silenciosa" (con la menor creación de distorsiones a la economía y con la menor "molestia" para el cliente que paga) una porción de la economía privada con el fin de cumplir con los fines sociales que los son propios al Estado. Por ejemplo, aquellos en los que el mercado privado falla y se hace necesaria la intervención estatal, procurando asimismo la creación de nueva riqueza con la consecuente repercusión en nuevas fuentes de ingreso para el Estado.

En cuanto a renta se refiere, Costa Rica lleva cerca de cuatro años tratando de aprobar una reforma fiscal no "silenciosa", que complica excesivamente el cumplimiento de las obligaciones fiscales (diversas canastas cada una con su forma de cálculo específica), que contiene normas que podrían ser inconstitucionales. Por ejemplo, la imposibilidad de compensar pérdidas de un inversión en valores extranjeros con una inversión en valores locales o de no poder deducir el apalancamiento utilizado para adquirir una inversión especulativa).

Esta reforma además crea un efecto negativo en la percepción del sistema en general por parte de extranjeros (el espejismo de renta mundial), sin dejar de lado la imposibilidad práctica de administrar el sistema (auditar declaraciones de impuestos de cada uno de los trabajadores del país).

La reforma fiscal debe ser sencilla. Es decir, que el costarricense entienda la norma que va a cumplir.

Efectiva, que invite al contribuyente a cumplir voluntariamente con sus obligaciones fiscales en vez de crear un obstáculo de complejidad para el pago de los tributos.

Debe estar acorde con las herramientas administrativas con las que cuenta el Estado. Debe contener normas que, de forma coercitiva obliguen a quien no cumple a cumplir.

Lamentablemente los últimos cuatro años han sido desperdiciados en debates más filosóficos e ideológicos que efectivos. Es hora de tomar la decisión de aprobar una reforma fiscal efectiva, sencilla y de fácil administración.


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