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Lun 1 ene, 2007 - Dom 7 ene, 2007 | |
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Comercio | 400 empleados sin trabajo en febrero próximo Cerrará la planta de Wrangler aquí Empresa de pantalones justificó decisión ante incertidumbre por la aprobación del Cafta, según Cateco Gilda González Sandoval Periodista La empresa manufacturera WR Alajuela S.A, dedicada hace 20 años en el país al ensamble, cosido y terminación de los conocidos pantalones de mezclilla Wrangler, cerrará su planta en febrero próximo y dejará a 400 personas sin empleo. Así lo anunció este viernes, mediante un comunicado, el ministro de Comercio Exterior, Marco Vinicio Ruiz, quien catalogó de “muy lamentable” la decisión de la Corporación VF, a la que pertenece la empresa manufacturera de capital estadounidense. María Minta Quirce, directora de la Cámara Textil, dijo que los representantes le dijeron que la corporación evaluó la posibilidad de cerrar una planta y se decidieron por la de Costa Rica, ante una caída en la demanda de los productos y por la falta de seguridad jurídica para la aprobación del tratado de libre comercio con Estados Unidos (Cafta). En diciembre pasado otra empresa de esta corporación ubicada en Coronado cerró sus operaciones en el país, y quedaron cesantes cerca de 350 empleados. “A nosotros nos preocupa mucho las familias que se quedan sin trabajo y que estas dilatorias en la aprobación del tratado tenga efecto sobre personas. Son personas que se quedan sin seguro social... Es una cadena de efectos”, indicó Quirce. Añadió que la compañía pagará todos los derechos laborales a sus empleados. El cierre de ambas plantas le preocupa también al Gobierno. El ministro Ruiz comentó que este problema debe analizarse en forma integral, sobre todo porque otras empresas proveedoras de servicios y materias primas se ven también afectadas. A estas se suman, por ejemplo, la suspensión de contratos de servicios de transporte para trasladar la mercadería, traslado de personas y hasta el servicio de cafetería que ven repentinamente suspendido el contrato. Efecto en cadena El Gobierno también valora que ante el cierre de este tipo de empresas, las instituciones del Estado prestadoras de servicios públicos ven disminuidos sus ingresos al dejar de suministrarlos, como agua, electricidad, teléfonos, la Caja del Seguro Social, así como de recibir ingresos por pago de impuestos municipales. “Esta es una señal de alerta para el país debido al impacto que tiene en la pérdida de empleos formales y las consecuencias en las familias afectadas”, indicó Ruiz en el comunicado, al mismo tiempo que hizo un llamado a los diputados para que aprueben pronto el Cafta. “Esta situación está generando incertidumbre en las empresas instaladas y que, en caso de tomar una decisión que implique el cierre de operaciones, no dudarían en hacerlo en los lugares donde no cuenten con un régimen que les brinde seguridad jurídica”, agregó. El valor total de las exportaciones del sector textil en el 2005 fue de alrededor US$528 millones, y que el estimado para el 2006 es de US$480 millones, con una reducción aproximada del 9% influida por la pérdida de exportaciones de materia prima textil a los países centroamericanos que ya han aprobado el Cafta.
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