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Lun 22 ene, 2007 - Dom 28 ene, 2007 | |
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Tributos | Cinco años de intereses y gastos legales disparan monto por devolución de impuestos Fifco espera ¢4.388 millones de Hacienda Esteban Ramírez Castro Suma representa el 16% de las utilidades de la empresa en el 2006 La disputa por ¢1.771 millones que la Florida Ice & Farm (Fifco) ganó a la Dirección General de Tributación (DGT), se convertiría en un ingreso de más de ¢4.388 millones para la empresa, al sumar los intereses y los costos legales del proceso. Ese es el monto que Fifco espera obtener, según un cálculo efectuado a lo interno en diciembre del 2006, comentó su director de Relaciones Corporativas, Carlos Francisco Echeverría. Sin embargo, antes de recibir el pago aún está pendiente el aval de la Procuraduría General de la República, encargada de aceptar o denegar la cifra que demande la compañía. En noviembre del 2006, Fifco anunció que la Sala I de la Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo a su favor en un juicio que entabló en abril de 2003. A través del proceso legal pretendía revertir un cobro de la DGT por concepto de impuestos sobre la renta y selectivo de consumo, correspondiente a los periodos fiscales entre 1997 y 1999 (véase recuadro: “Larga discusión”). Fifco anunció que espera registrar dicha devolución como un ingreso extraordinario en el presente ejercicio fiscal que vence en setiembre, pero la cancelación sigue pendiente. El impacto inmediato en las finanzas de la compañía dependerá de la forma de pago que se acuerde, sin ignorar que el monto representa una buena porción (16%) de las utilidades netas de la empresa: ¢26.585 millones el año pasado. El otro tema son los intereses que genera esa deuda, que crecen a una tasa del 19,4% anual.
Varios caminos El monto de la devolución es considerable. Si los cálculos de Fifco resultan correctos, el desembolso equivaldría aproximadamente al doble del presupuesto aprobado el año pasado a la Superintendecia de Pensiones. Dada la magnitud de la cifra, el ministro de Hacienda, Guillermo Zúñiga, confirmó que existe interés de conversar con representantes de la firma para definir un camino que resulte satisfactorio para ambas partes. Una opción sería devolver el dinero, pero como la empresa es un contribuyente de peso, también cabría deducirla como parte de los impuestos que paga. En Fifco manifestaron su anuencia a discutir el mecanismo de pago con el Ministerio de Hacienda, aunque lo cierto es que ese encuentro para ajustar cuentas todavía no se da. A manera de comparación, Zúñiga recordó que el año pasado su cartera presupuestó ¢450 millones hacia un programa para la erradicación de tugurios, que les permitió atender un total de 10 comunidades. “Imagine lo que podríamos hacer con esas suma. Es un monto importantísimo... Pero eso no quiere decir que no tengamos capacidad de hacerle frente”, replicó el jerarca. Para Francisco Fonseca, director de la DGT, el efecto de ese desembolso, si se quiere, es nulo para las finanzas públicas pues de no haberse cobrado se hubiera tenido que financiar, por ejemplo, vía endeudamiento. Fonseca argumentó que en el 2006, gracias a la fiscalización de contribuyentes, se logró recuperar ¢18.000 millones, dinero que de otra forma el Estado hubiera perdido. Además, reconoció que en este tipo de gestiones unas veces se gana y otras se pierde. Según el abogado José Antonio Saborío, de Asesores Fiscales Corporativos, hay una partida dentro del presupuesto público destinada a la devolución de impuestos. “Podría ser que de allí salga parte de ese pago pero si no alcanza, habría que tomar recursos de otro lado”, opinó.
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