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Lun 22 ene, 2007 - Dom 28 ene, 2007 | |
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Industria | Dos casos: Importadora Quigo y Sabo Internacional Empresas obligadas a asumir vigilancia Sergio Morales Chavarría Importadora Quigo distribuye en el país productos para el sector automotor y tiene una bodega en el cantón de Belén, donde almacena productos inflamables. Estos también contienen sustancias que son controladas por la Ley de Estupefacientes. Hasta octubre pasado Quigo tenía un permiso de funcionamiento por parte del Ministerio de Salud sin fecha de vencimiento y una regente química encargada de los informes mensuales. Su gerente administrativa, Lourdes González, dijo que no han sido visitados por parte de inspectores del Ministerio de Salud pero en noviembre pasado les notificaron que a partir de ese momento el permiso tendría una vigencia por cinco años. Ahora esta comercializadora prepara un plan de gestión ambiental que debe presentar en menos de cuatro meses si quiere renovar el permiso. Antes de la advertencia Quigo se encargaba por su propia cuenta de tomar las medidas preventivas contra accidentes, lo que incluía la participación en un plan con los bomberos, la municipalidad y las demás industrias de ese cantón para atención de emergencias y delimitación de zonas de almacenaje. Díficil al inico Sabo Internacional, manufacturera de productos de limpieza, acaba de inaugurar una planta en La Uruca, donde mantiene en un tanque 12.000 galones de gas propano butano (licuado). Enrique Bolaños, gerente general, afirmó que el edificio se construyó con todas las medidas de seguridad que se exigen en el país y que como resultado obtuvieron una instalación más segura que las de Estados Unidos. Para la producción, también manejan solventes como thiner y tolueno. Según dijo Bolaños, al inicio de las operaciones la empresa se tuvo que cumplir con requisitos excesivos, lo cual ilustra en parte la condición general de los controles en esta materia en el país. Bolaños agregó que hasta las instituciones financieras son reacias a financiar equipo de protección, pues un banco se negaba a incluir en el plan de préstamo la instalación de equipo contra incendio del edificio. A las empresas nuevas se les exige, pero una vez que las compañías están operando los controles gubernamentales pierden regularidad y son las compañías las que asumen la responsabilidad de tener un adecuado manejo de las materiales peligrosos. “La regulación es buena, pero el Gobierno debería procurar más asesoría para los empresarios”, afirmó Bolaños.
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