Opinión
Artículos Edición # 619
5 razones para el SÍ
El país se alista para una decisión importante y su resultado debería ser producto de una decisión informada, fundada en razones precisas y argumentos claros. Desde este semanario, encontramos cinco razones básicas por las que Costa Rica debe ir a votar por el SÍ en el referéndum del próximo 23 de setiembre:
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Innovación institucional
Eduardo Lora
Que las innovaciones no se difunden en forma gradual, sino en oleadas, y que requieren tiempo en tomar fuerza, hasta atraer a una gran masa de usuarios es cosa sabida desde hace tiempo en todo el mundo.
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Más allá de una apertura
Es frecuente escuchar que el común de la gente asocie la apertura de las telecomunicaciones en nuestra economía con un posible mejor servicio de la telefonía móvil.
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Simples ilusiones exportadoras
¿Cumpliremos la meta exportadora?
Diplomacia en la modernidad
Otras voces
Un juego de cinco cartas y muchos jugadores
Ronald Jiménez
Una ciudad digital debería ser simple y disponible, como encender la luz o tomar un autobús (malos ejemplos en estos días).
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Gobierno conectado, digital e inteligente
“Se requiere un plan para una Costa Rica Digital”
Ciudad digital: cambio de mentalidad y riesgos
Ciudades digitales: atraso repetido
ENFOQUES
Colapso en infraestructura
Dennis Meléndez
La provisión de infraestructura es, quizás, el cuello de botella más importante para el desarrollo nacional. Casi todas las concesiones otorgadas hasta el momento no parecen ir por buen camino. La encrucijada del Estado es que, aun en el caso de que los contratos originales hubiesen sido mal negociados, prescindir de ellos afectaría más el desarrollo del país, que sufrir estoicamente el sinsabor de aceptar un mal arreglo. Consumirse en los errores del pasado y a su cuenta, paralizar todo, no importa cuál sea el costo en que se incurra, es irracional.
El exceso de legalidad está matando al país. Parece que las modificaciones a la ley de obra pública, finalmente, serán aprobadas. Sin embargo, unas cuantas modificaciones legales podrían ser insuficientes: hay que cambiar la actitud de nuestros abogados, controladores y reguladores. Deben mentalizarse en que si bien es importante preservar el principio de legalidad, no puede desdeñarse, como ha sucedido hasta el momento, el interés nacional, y en caso necesario, el primero debe subordinarse al segundo. No debe renunciarse a establecer responsabilidades legales, éticas o morales, cuando corresponda, pero sin condicionar el desarrollo de las obras.
Explorar otros modelos. Es cierto que ningún modelo puede evadir las barreras de la intransigencia. Pero aún con ellas, paralelo a la concesión de obra pública, debe explorarse otro modelo como la titularización. Hace varios años, el Banco Nacional caminó en esa avenida. Quizás las trabas institucionales les desanimaron. Pero sería un modelo muy aceptable, aún para los más conservadores, puesto que, sin sacar la obra pública del Gobierno, permite el desarrollo de nuevos productos financieros y derivados de mediano y largo plazo, útiles a fondos de pensiones y de inversión. La ejecución y administración de los proyectos sería privada y, con incentivos adecuados, los inversionistas velarían por el control de costos y de burocracia. El ahorro nacional tendría opciones muy rentables y la productividad del país se dispararía. El riesgo es poco.
