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Lun 26 feb, 2007 - Dom 4 mar, 2007 | |
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Postule una idea. Especial de Innovación
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Codesa de nuevo o la reforma del ICE La necesidad de reformar el marco legal en el que operan las telecomunicaciones en nuestro país es innegable. La decisión no consiste en escoger entre el monopolio y la competencia; esta cuestión ya fue decidida por la revolución tecnológica hace mucho tiempo. Lo que hay que definir ahora es el papel del Estado como rector, regulador y empresario de las telecomunicaciones. En este editorial comentaremos los temas relacionados con el Estado empresario (de las telecomunicaciones), tal y como lo define el Proyecto de ley de fortalecimiento y modernización de las entidades públicas del sector de telecomunicaciones, sobre el cual informamos en la sección Economía y Política de la presente edición. En primer lugar, este proyecto no presenta un solo argumento convincente que justifique que el Estado actúe como empresario en aquellos sectores del mercado de las telecomunicaciones en que puede haber competencia efectiva y en los cuales el sector público no provee ningún bien o servicio que no pueda ser suministrado por la empresa privada. Sería conceptualmente equivocado y políticamente cobarde ignorar este punto y ceder a las presiones de quienes quieren hacer de las privatizaciones un tema prohibido. En segundo lugar, si los costarricenses vamos a seguir teniendo un Estado empresario, más nos vale aprender de la experiencia previa que hemos acumulado en esta materia. El proyecto de marras, pronto a ser dictaminado por una comisión legislativa, le permite al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) convertirse en un operador eléctrico y de telecomunicaciones a nivel internacional; lo autoriza para constituir y capitalizar empresas dentro y fuera del territorio nacional, con lo que cualquier restricción que el Estado ponga a esta institución o a sus empresas constituidas en el país –por ejemplo, en materia de endeudamiento– podrá ser inmediatamente burlada por las que fueron constituidas fuera del territorio nacional. Más aún, el proyecto le permite al Instituto constituir alianzas y suscribir acuerdos con otras empresas sin la autorización del regulador ni de las autoridades de la competencia. Aunque ostensiblemente el propósito es fortalecer al ICE para que pueda enfrentar la competencia, el resultado probable es más bien la colusión con otras empresas para reducir la competencia. De ser así, la apertura del mercado, lejos de traer a los consumidores los beneficios esperados de la competencia, simplemente permitiría que las ganancias extraordinarias generadas por el ICE gracias a su poder de mercado sean compartidas con otros operadores, presumiblemente extranjeros. Por último, una observación en cuanto a las ganancias que el Instituto Costarricense de Electricidad y sus empresas podrían generar: existe una buena razón por la que el estado financiero en que se reportan estas ganancias se llama estado de pérdidas y ganancias, pues las empresas comerciales no generan únicamente ganancias sino, con frecuencia, pérdidas. Curiosamente, el proyecto que comentamos prohíbe al ICE repartir utilidades, cuando las tenga, a sus dueños, que somos todos los costarricenses. Sin embargo, cuando tenga pérdidas, sí que tendremos que pagarlas entre todos, puesto que el Estado, como dueño de la empresa y en ausencia de una barrera legal impenetrable que separe el patrimonio del Instituto del resto del patrimonio público, tendrá que cubrir dichas pérdidas, que luego todos tendremos que pagar, mediante nuestros impuestos. Nuestros lectores más jóvenes no recuerden la experiencia de la Corporación Costarricense de Desarrollo (Codesa) y las pérdidas millonarias que generaron sus empresas y que fueron, a la larga, asumidas por el Banco Central de Costa Rica y pagadas mediante dos décadas de impuesto inflacionario; sin duda recordarán los escándalos de corrupción y el saqueo de las arcas del ICE ampliamente denunciados por la prensa. Si todas estas cosas sucedieron cuando el Instituto Costarricense de Electricidad actuaba dentro del marco de supervisión actual, ¿qué no podrá suceder cuanto tenga empresas fuera del país que actúan sin supervisión alguna? En suma, en las reformas propuestas en cuanto al marco de operación de dicha institución parece haber un deseo, más instintivo que meditado, de “quitarle las amarras al ICE”, acompañado de una considerable dosis de imprudencia y de un manifiesto descuido a las posibles consecuencias de estas reformas. Antes de seguir adelante, bien haría las señoras y los señores diputados en recordar –y estudiar– la experiencia de la Corporación Costarricense de Desarrollo y los recientes escándalos de corrupción en el ICE. |
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