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Lun 26 feb, 2007 - Dom 4 mar, 2007 | |
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File Personal: Desaparecido Marjorie Ross Colaboradora
Después de una larga lucha, se firmó al fin de febrero en París la Convención para la Protección de los Desaparecidos. Las madres de la Plaza de Mayo, gracias al poder de los medios electrónicos, se nos metieron entre la casa al sacar a las calles su pena desgarradora y le pusieron cara y lágrimas a ese dolor terrible de “no saber”. El tratado llena una laguna en la legislación internacional en el área de derechos humanos, al explicitar concretamente la prohibición de las desapariciones, instaurar el derecho de las víctimas a conocer la verdad y a pedir reparación por el daño. Lo que sigue es una lucha aún mayor para asegurarse su aplicación y cumplimiento. Hay miles de familias a la espera de justicia y de información, que necesitan conocer adónde fueron a parar sus hijos, hermanos y padres. Desgraciadamente, las guerras sucias siguen vivas en varios continentes, y las desapariciones siguen. Según Louise Arbour, alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, el año pasado, sin ir más atrás, el grupo de trabajo sobre desapariciones forzosas o involuntarias de la ONU recibió más de 300 denuncias, por nuevos casos ocurridos en una docena de países. Los que quedan sin denunciarse son muchísimos más. Desde que fue instituido, en 1980, les ha tocado conocer más de 51.000 casos, la mayoría aún sin aclarar por parte de los estados involucrados. No importa la causa que aleguen para las desapariciones, la nueva normativa exige que los autores rindan cuentas y que se haga justicia. Eso es saludable, no solo para que los individuos y las familias puedan cerrar el círculo del duelo, sino para que se logre entrar en procesos nacionales de reparación y de cierre de las brechas abiertas por esos acontecimientos. La convención es legalmente vinculante y crea obligaciones que los estados tienen que cumplir. Ahora lo que sigue es a nivel interno de los países, que deberán crear los instrumentos que le permitan a las víctimas tener el poder para exigir la reparación. La enunciación es incontrastable: “nadie será sometido a desaparición forzosa". Y, como bien subraya Arbour, “ningún país podrá alegar estado de guerra, amenaza de la misma, inestabilidad política interna ni ninguna emergencia pública para fijar excepciones adaptadas a sus propias circunstancias”. |
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