–¿Qué dijo la Sala IV?

–La Sala IV anuló por problemas de trámite la reforma al artículo 41 bis del reglamento legislativo, que permitiría aplicarle la vía rápida a los tratados y se le había aplicado al Cafta.

Pero la Sala Constitucional también declaró que no era inconstitucional aplicar esa reforma a los tratados y convenios, excepto los que afecten la integridad territorial del país.

En síntesis, es constitucional poner plazo de votación a un tratado, previa aprobación de la reforma al reglamento cumpliendo con los trámites.

–¿Despeja todas las dudas en materia constitucional del Cafta?

–No. La Sala IV estaba respondiendo una consulta sobre la reforma al reglamento legislativo, que debe repetir su trámite.

Puede generar nuevas consultas, y todavía no se resuelve sobre la tramitación del Cafta, que deberá esperar a su votación.

Lo que hizo la Sala IV fue dejar claro que agilizar el trámite del Cafta no es ilegal, siempre que se respeten los principios constitucionales.

–¿Se marca un precedente?

–La Sala IV viene generando una jurisprudencia, establece regulaciones mediante fallos sobre la materia de la vía rápida.

En general, lo importante es que reitera que los procedimientos son una garantía y no una mera formalidad, se deben respetar lo que son trámites esenciales.

También ha reiterado que los trámites no tienen como fin evitar la votación de proyectos, sino garantizar el debido proceso.

–¿Cuáles trámites deben vigilarse?

–Hay una serie de principios, lo que se podría llamar el trámite esencial.

En ellos se debe considerar el principio de publicidad (plazos para que se conozca el contenido de una iniciativa), derechos de los diputados como enmienda (poder proponer reformas a un proyecto) y apelación (recurrir una decisión), entre otros.

–¿Qué herramientas da esta resolución al Gobierno?

–Le abre la puerta para aprobar una reforma que permita poner plazo de votación a proyectos claves, no solo el Cafta.

Anticipa que no habrá problemas de fondo en la estrategia de agilizar estas votaciones, pero también le recalca que deberán vigilar los problemas de forma; es decir, el trámite de la discusión.

–¿Qué herramientas da esta resolución a los opositores?

–Les cierra la puerta de cuestionar la legalidad de agilizar el trámite de proyectos, pero reitera que el proceso es el flanco débil del Gobierno.

Abre la posibilidad de insistir en este tema, y también en probar la inconstitucionalidad de la vía rápida, si convencen a los magistrados de que el Cafta es un tratado que afecta la integridad territorial del país.

–¿Qué otros proyectos podrían recibir el trámite rápido?

–Se requiere que la moción la presenten un grupo de jefes de fracción que representen 38 diputados, y que se apruebe por una cantidad igual de diputados (mayoría calificada).

El bloque de los 38 que impulsa el Cafta aplicó el procedimiento a los dos proyectos del ICE y a la banca de desarrollo, y estudia aplicarlo a los convenios requeridos por el acuerdo comercial, así como la ley de seguros.

De nuevo, la clave no está en la legalidad del procedimiento, sino en evitar que su trámite afecte derechos de legisladores.

–¿Existen otros recursos pendientes ante la Sala IV vinculados con el Cafta?

–En la corriente de la Sala IV quedan al menos tres recursos pendientes sobre el Cafta, uno para cuestionar los acuerdos tomados por el presidente de la Asamblea Legislativa, Francisco Antonio Pacheco, en relación con el tratado; otro contra las acciones realizadas en la comisión de Asuntos Internacionales que dictaminó el Cafta, y hay otra acción referida a la convocatoria de un referéndum vinculante para este tratado.

–¿Quién ganó con el fallo?

–Impulsores y opositores al Cafta resaltan lo que favorece su posición, pero puede considerarse un empate.

El Gobierno respira aliviado porque no debe renunciar a la vía rápida y puede subsanar los errores de trámite; los opositores corroboran que Casa Presidencial puede enredarse en el trámite, cuando trata de apresurar el paso.

–¿Cuáles serán las consecuencias políticas de la resolución?

–El pulso constitucional apenas concluyó el primer round. Ahora el Gobierno deberá tener mayor cuidado en los trámites y los aspectos de forma, deberá brindar más espacios a la oposición para no afectar sus derechos, esto podría reducir el ritmo del debate. Por su parte, la oposición probablemente apuntará a insistir en revisar los procedimientos.

La Casa Presidencial no ha logrado dejar de tropezar en una misma piedra en los últimos años: el trámite de los proyectos que deben pasar el tamiz de constitucionalidad en la Sala IV.

Combo del ICE: La Sala IV anuló la reforma al ICE aprobada por la administración de Miguel Ángel Rodríguez por vicios sustanciales de forma, como incumplir un plazo de dos días de espera para que el dictamen de comisión pasara a Plenario, o la limitación al derecho de enmienda de los diputados (rechazo de mociones sin discusión).

Plan fiscal: El Gobierno de Abel Pacheco logró que el Plan Fiscal fuera aprobado, pero la Sala IV lo anuló por problemas en el procedimiento, en la vía rápida (se utilizó para temas que requerían 38 votos, excluido de ese mecanismo) y en el trámite de mociones.

Municipalidades: El plan para delegar en los gobiernos locales la aprobación de sus impuestos fue anulado porque el proyecto no se publicó completo antes de recibir el primer debate.

Reforma a Concesión: Se anuló el proyecto porque no se realizaron las consultas obligadas a la Corte y a municipalidades.

Banco Europeo: La aprobación del acuerdo con el Banco Europeo de Inversión encalló porque se le introdujeron cláusulas de interpretación que variaban el convenio.

Reforma a reglamento: El proyecto tropezó porque se negó a algunos diputados el derecho de apelar decisiones.