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La Procuraduría General de la República confirmó que “tanto el ICT como el INVU y las municipalidades no deben aprobar o adoptar planes reguladores costeros cuya elaboración ha sido gestionada, contratada y financiada por sujetos de derecho privado. La escogencia de un método de valuación de inventarios es una decisión fundamental para el control gerencial administrativo de un negocio, pero también puede tener importantes consecuencias tributarias. |
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