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Istmo # 650

Revisarán exoneraciones fiscales

Honduras.Sector turismo y alimentación, los primeros en rechazar la medida

El Financiero
Casi $20 millones aportan al fisco cada año los restaurantes y el sector de comidas rápidas en Honduras.

Rodrigo Montenegro /Archivo

Eduardo López García

*Corresponsal en Tegucigalpa.

La búsqueda de nuevas fuentes de ingresos fiscales, sin elevar impuestos, lleva al Gobierno hondureño a impulsar una revisión de las exoneraciones tributarias, que reciben varios sectores de la economía.

De acuerdo con la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), en los últimos seis años en Honduras se otorgaron exoneraciones por $972 millones, es decir unos $162 millones al año.

Hugo Noé Pino, miembro del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), consideró que la medida debe solucionar el problema de la evasión fiscal. “En 2005 se estimó que la evasión representaba 400% de la recaudación tributaria, ese es el problema principal”, expresó.

Para Pino, varios países de Centroamérica todavía promueven las exoneraciones para atraer inversión extranjera, entonces el paso siguiente es establecer un límite.

Aunque algunos sectores empresariales y analistas hondureños han manifestado desconfianza en la propuesta estatal, Armando Sarmiento, director de la DEI, sostiene que se pretende lograr equidad tributaria.

El primer problema que enfrentarán las autoridades será la revisión de 35 leyes que habilitan las exoneraciones, de las cuales 80% son indefinidas.

También hay leyes de promoción de empleos en maquilas y del turismo, como la de zonas libres turísticas y la de zonas de procesamiento, que incluyen al departamento de Islas de la Bahía.

$972

millones ha otorgado Honduras en exoneraciones fiscales en los últimos seis años.

“Cualquier reforma o derogación no puede tocar derechos adquiridos”, advirtió Germán Leitzelar, exministro de trabajo.

Detrás de la reducción de exoneraciones también está la intención de Honduras de lograr un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha pedido reducir a 1% del producto interno bruto (PIB) el déficit fiscal de este año.

“Mal mensaje”

La intención de fijar nuevas reglas a los incentivos fiscales inició luego de que funcionarios del Gobierno anunciaran la suspensión de exenciones a varias empresas, entre ellas las que manejan restaurantes y comidas rápidas.

Para Gustavo Rivera, abogado de estas compañías, el mensaje se produjo de manera inconveniente. “Pretenden establecer que las comidas rápidas no generan ingresos al Estado, lo que es falso. Además, ningún empresario hubiera hecho inversiones de la magnitud actual, sin esos beneficios”, indicó.

En Honduras, la industria de alimentación genera aproximadamente $165,6 millones anuales en ventas brutas, de donde se desprenden $19,2 millones en impuestos al fisco.

Norman García, exministro de Turismo y de Industria y Comercio de Honduras, señaló que la reforma debe poner un plazo fijo a los incentivos, sin hacerlos desaparecer del todo. Con él coincidió el actual jerarca de Turismo del país, Ricardo Martínez.

Crear marco legal

Armando Sarmiento, de la DEI, afirmó que la meta de la reforma a los incentivos fiscales es crear una política de exoneraciones, “que no existe actualmente”.

El Gobierno revisará la temporalidad de las exenciones actuales, para terminar aquellas que ya cumplieron su vida útil. Según Sarmiento, “hay empresas que deberían seguir gozando de algunas exoneraciones porque no se han consolidado, pero para otras ya no tiene racionalidad”.

Además de compañías, el director de Ingresos informó que revisarán los regímenes fiscales de organizaciones no gubernamentales, religiosas y otras agrupaciones sociales.

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