Opinión
Editorial
Respetar la democracia
El nuevo año recibió a los diputados con la enorme responsabilidad de aprobar las leyes de implementación del Tratado de Libre Comercio entre EE.UU., Centroamérica y la República Dominicana (Cafta) antes del próximo 29 de febrero, fecha límite establecida por su artículo 22.5 para comunicar que se han completado todos los trámites jurídicos internos y ejercer el derecho a formar parte del acuerdo.
Si esta comunicación no se hiciera dentro de este plazo, el ingreso quedaría sujeto a lo que los demás países signatarios decidan, es decir, dependeríamos de que las otras partes quieran darnos una prórroga y de las condiciones que quieran ponernos.
La aprobación oportuna de las leyes necesarias para que el tratado pueda entrar en vigencia es una responsabilidad que recae sobre todos los diputados, no solo sobre aquellos que conforman el bloque de los 38 congresistas que desde siempre han apoyado al Cafta. En efecto, la discusión sobre la conveniencia o no del tratado fue prolífera y hasta extenuante; nadie puede negar que todos tuvimos oportunidad de formarnos nuestra propia opinión y de expresarla nada menos que con nuestra participación directa en un histórico referéndum. Tengamos claro que la decisión que se tomó lo fue no solo a favor de una reducción recíproca de aranceles. Lo fue también a favor de permitir la competencia en telecomunicaciones y seguros, y a favor del Convenio UPOV, el Tratado de Budapest, el Tratado sobre el Derecho de Marcas y, en general, del mejoramiento de la protección de la propiedad intelectual, pues estos son consecuencia directa e inmediata del Cafta.
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La aprobación de estas leyes no debería ser, entonces, un paso nada difícil: se trata, simplemente, de ejecutar la decisión que el soberano ya tomó.
El 7 de octubre, el pueblo, constituido en legislador supremo, tomó una decisión que nadie puede pretender ignorar, atrasar o boicotear si no es atropellando la esencia misma de nuestro sistema democrático. En estas circunstancias, resulta desconcertante que la Asamblea Legislativa no haya sido capaz de aprobar la indicada legislación a pesar del extraordinario esfuerzo realizado por una mayoría de sus congresistas, que algunos diputados aislados insistan caprichosamente en sacar provecho de las maniobras legislativas que un reglamento obsoleto les brinda, o que una fracción legislativa entera (la del PAC, para decirlo con nombres y apellidos) haya decidido llevar a la práctica una estrategia para intentar burlar la voluntad popular como eje de su accionar político y que incluso algunos de sus miembros se atrevan a afirmar que tal plazo es una invención.
Es hora de sentar las responsabilidades de este inaceptable y antidemocrático proceder. Seguir retrasando la votación de las leyes de implementación, mediante trucos y abusos parlamentarios, es no solo una afrenta al pueblo costarricense, un atropello a una decisión tomada democráticamente, y una puñalada a la institucionalidad del país, sino que implica también un incremento paulatino de los costos que tenemos que pagar por normas que tarde o temprano deberán ser aprobadas si queremos seguir ufanándonos de ser la democracia más antigua del continente. Los únicos culpables de esta lamentable situación son aquellos que impiden que se cumpla con el claro mandato popular. A estos hay que señalarlos claramente con el dedo y la Patria habrá de reclamarles su abyecta actitud.
Las leyes de implementación deben aprobarse cuanto antes para poner fin a esta larga discusión, pasar la página del Cafta, y atender resolutamente muchos de los otros problemas que acongojan a los costarricenses. Los diputados y dirigentes del PAC deben entender que la ciudadanía está cansada de estas jugarretas y que de ese partido se espera ya una actitud de mayor madurez y responsabilidad política.
