Opinión
¿Queremos alimentos caros?
Tomás Pozuelo
En el 2007 sufrimos un serio incremento en el precio de importantes alimentos y materias primas alimentarias. Ya hay organismos internacionales que temen una crisis mundial cuyas primeras víctimas serían los grupos sociales menos favorecidos. ¿Qué tan expuestos estamos en el país ante tal problema y qué debe hacer el Gobierno para mitigar sus efectos?
Estado de situación
El aceite refinado de palma duplicó su precio durante este año: en diciembre del 2006 rondaba $550 por tonelada y, para noviembre pasado superaba los $925.
La cebada también incrementó su precio en más de un 50%; la leche en polvo superó los $5.000 por tonelada en los mercados internacionales; el maíz tuvo un incremento superior al 70%, mientras productos vitales para la dieta (el trigo, por ejemplo) aumentaron de precio en más del 60%.
Los pronósticos para el 2008 tampoco son alentadores y lo que se pronostica es un endurecimiento de esta realidad.
El tema de los altos precios del petróleo –y el consecuente fomento a la producción de agrocombustibles– es la variable que mayor peso tiene a la hora de explicar este incremento desproporcionado en los precios de los alimentos.
La palma, el azúcar, la soya y el maíz han encontrado nuevos usos y nuevos mercados sobre la base de precios disparados. Parte de los terrenos tradicionalmente asignados a cultivos de trigo o arroz se destinaron a la producción de las materias primas de biocombustibles, afectando los precios y la disponibilidad de los productos de consumo humano. Incluso, estamos asistiendo a episodios de desabastecimiento de la materia prima disponible, léase trigo y maíz.
Otras variables importantes se relacionan a los nuevos consumidores en China e India; al impacto por los agresivos cambios climáticos y el fenómeno del recalentamiento global sobre la producción mundial.
¿Qué hacer?
Las políticas de gobierno en muchos ámbitos deben ajustarse de una manera más rápida.
Definitivamente, las variables que afectan el comercio mundial de materias primas y alimentos son totalmente distintas y, con la nueva lupa, cabe analizar ciertos aspectos de la política comercial y productiva del país.
La tendencia de largo plazo es que el encarecimiento de alimentos y materias primas se mantenga, razón por la que el país debe buscar respuestas inmediatas, pues la era de los alimentos baratos está llegando a su fin.
Dado que Costa Rica es productora de aceites vegetales como la palma, el maíz y el azúcar, podría ser importante que dichos sectores puedan aprovechar el fenómeno mundial y destinen parte de su producción al rentable negocio del agrocombustible.
“La visión de producir agrocombustibles podría tener una cara factura que pagaremos todos.”
Presidente
Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria
No sería razonable, pues, impedir que ello sucediera; al contrario, entre el Gobierno y esos sectores debieran incentivar la producción.
No obstante, el Gobierno no puede cometer el ingrato error de seguir manteniendo el mercado interno de tales productos tan protegido, asfixiando a los consumidores nacionales y a la industria alimentaria, convertidora usuaria de las mencionadas materias primas.
A partir de este nuevo entorno mundial, el arancel alto y otros mecanismos de protección, existentes en nuestro medio, se tornan innecesarios para el productor, en tanto que la eliminación de protecciones parece la única válvula de escape para que el mercado interno muestre precios menos injustos y menos distorsionados que aquellos que generan los mercados protegidos, derivados de una política comercial propia de una coyuntura externa completamente diferente.
En medio de un contexto global en que el agrocombustible marca la pauta de los muy rentables precios de los productos agrícolas destinados a tal fin, el 30% de protección del aceite de palma, el 45% que mantiene el azúcar o el 15% de maíz blanco que no producimos se tornan innecesarios para el productor, mientras que para el consumidor son castigos extras y ahí es donde se requiere una intervención pronta y cumplida del órgano estatal.
Falacias
Algunos dicen que el fomento local de la producción de este tipo de productos será beneficioso, pues el país se garantiza el abastecimiento de alimentos baratos. ¡Nada más alejado de la realidad!
Si el país apuesta a fomentar semejante tipo de producción lo hace para beneficiar a empresarios de sectores particulares que incursionarán en esa actividad bajo la expectativa de aprovechar los muy buenos precios internacionales, y no para venderlos baratos a los consumidores. ¿Quién nos asegura, en efecto, que vamos a comer más barato porque los productores son locales?
Si esos alimentos y materias primas juegan bajo las reglas del mercado internacional y, además, si el Gobierno fomenta su producción, nos aseguraremos de que no se viole una regla de oro: la de que el consumidor y el usuario de tales materias primas tengan acceso irrestricto al mercado internacional y con las mismas reglas de la libertad de comercio. Esto implica una revisión de la política arancelaria.
Hoy es realmente inaceptable la visión miope con que desde las esferas gubernamentales se aborda el problema.
Nos preocupa la visión unilateral de fomentar la producción de agrocombustibles sin el debido análisis de la factura que pagan por esto los costarricenses en materia de su alimentación básica. Nos preocupa la falta de discusión nacional de dicha problemática y la visión parcializada de las prioridades nacionales, con un gobierno que estimula el desarrollo del agrocombustible sin generar respuestas a los consumidores ni a la industria alimentaria en materia de acceso a sus materias primas.
El mundo ha cambiado y se requiere una acción oficial inmediata, generando acciones para aprovechar las coyunturas benéficas que se presenten y reducir los impactos negativos que puedan surgir en el proceso.
No podemos aceptar la miopía ni los oídos sordos de los funcionarios de turno frente a los planteamientos y alternativas de solución que aportan una sana crítica a las políticas de la actual administración.
