Negocios # 676
Competencia resuelve caso por viejo arancel
Periodista
En abril del 2003 la Comisión para Promover la Competencia (CPC) abrió una investigación contra un numeroso grupo de agentes de aduanas para determinar si cometieron violación a la libre competencia por medio de un viejo arancel que servía de base para el cobro de tarifas a sus clientes.
Cinco años después, la comisión notifica su resolución, un fallo que no convence a la Asociación de Agentes de Aduana de Costa Rica al considerar que el objeto de la investigación, es decir la práctica anticompetitiva, dejó de aplicarse en 1998.
La investigación contempló en total a 60 personas, todos ellos agentes de aduanas y miembros de la asociación. Al final no fue posible determinar responsabilidades individuales y la sanción se concentró en personas jurídicas, es decir las empresas dedicadas a servicios aduaneros.
Tampoco hubo pena económica, solo una orden de que la asociación (Adacor) realizara una asamblea general para suspender la publicación y distribución del llamado Arancel de Servicios. La comisión también ordenó que por medio de un comunicado de prensa, la Asociación diera a conocer que dicho arancel ya no podía ser usado y se les comunicara a los agentes afiliados.
Victoria Velázquez, directora de la CPC reconoció que el caso de aduanas, el elevado número de agentes económicos investigados, más de cien, llevó a que el procedimiento resultara especialmente complejo.
Para Oscar Ramos, presidente de la Asociación de Agentes de Aduanas el arancel se creó en 1986 como parte del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (Cauca I) de 1963 .
Aunque le correspondía al Ministerio de Economía establecer las tarifas que debían cobrar los agentes, al no cumplir con este mandato, la asociación las definió previendo los abusos que muchas agencias podían cometer pues la tarifa categoriza precios de acuerdo con las diferentes mercancías y así define cuánto cobra el agente por el internamiento de los bienes.
Esto servía, explicó Ramos, de parámetro para los importadores pues el arancel le permitía tomarse una idea del costo que le significaría ingresar productos al país por intermedio de la agencia.
“El arancel no era de acatamiento obligatorio si no lo usaba, no se le cuestionaba, era un beneficio para el importador porque este llegaba y negociaba con el agente. Había una base por la cual negociar”, dijo Ramos.
El Adacor queda sin efecto en 1998 cuando entra en vigencia Cauca II. De acuerdo con Ramos no es cierta la argumentación de la Comisión de Competencia que el boletín del arancel se seguía publicando.
Por eso Ramos y otro grupo de agentes aduanales insistieron durante las audiencias que el proceso debía ser suspendido porque “no existe un hecho continuado que pueda considerarse reiteración del acto de aprobación...”.
El argumento del órgano de competencia es que el arancel fue aprobado antes de la entrada en vigencia de la Ley 7472 (de Competencia) y que los hechos investigados se circunscriben a su posible aplicación posterior de dicha ley.
En el documento de la resolución, la CPC es clara que la ley les ordena a regular hechos y actos futuros y que el procedimiento en mención no caducó porque el arancel de servicios se continúa vendiendo desde 1986 y permanece en esa situación cuando los hechos aún estaban en investigación.
“En efecto los elementos recabados indican que Adacor emitió un arancel de precios en 1986 cuya emisión y venta se ha podido mantener hasta la fecha y que varios agentes de aduanas podrían estarlo utilizando”, reza el documento resolutivo de la CPC.
Ramos comentó que desde el 98 los agentes se rigen por la oferta y la demanda, algunos cobran por mercancía, otros por contenedor. “Ahora se negocia en el momento”, dijo.
Hace un mes la asociación convocó a una asamblea general y cumplió con lo pedido por la CPC.
Actualmente esta organización cuenta con 150 asociados aunque Ramos calcula que en el país hay 400 personas dedicadas a esta actividad.
