El último proyecto de ley requerido para que Costa Rica pueda vincularse al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (Cafta) fue aprobado esta mañana en la Asamblea Legislativa, con lo que casi se despeja el panorama para que el acuerdo entre a regir.

Las reformas a la materia de propiedad intelectual, la última de las doce iniciativas incluidas en la agenda de implementación del Cafta, recibió el segundo y definitivo aval , con los 38 votos del G-38, la alianza conformada por el PLN, el Movimiento Libertario, el PUSC y diputados independientes. En contra, votaron 13 diputados del PAC.

La votación fue saludada con satisfacción por Casa Presidencial. “Tras más de cuatro años y medio de debate, tras la obtención de dos prórrogas para poder incorporar al país al Tratado y tras un histórico referéndum donde una mayoría dijo ‘Sí’ a este acuerdo comercial, al fin estamos cerrando este capítulo. Ahora, es momento de dejar atrás las diferencias”, expresó Rodrigo Arias, ministro de la Presidencia.

El proyecto representó un tropiezo en el trámite de la agenda, ya que obligó a pedir una segunda prórroga al plazo para vincularse al Cafta, luego de que la Sala IV lo rechazara .

La corrección generó nuevas polémicas y temores de un nuevo rechazo, pero la Sala IV lo avaló y despejó el trámite para su votación definitiva, aunque el fallo solo llegó ayer a la Asamblea.

Sin embargo, todavía hay trámites pendientes , aunque no en la Asamblea, sino en el Poder Ejecutivo. Quedan unos siete requisitos, entre decretos y reglamentos que se deben concretar y publicar antes de diciembre.

Al respecto, el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) declaró que se podrán tener finiquitados para el 10 de diciembre .

Así debería culminar el largo trayecto, que se inició cuando Costa Rica inició la negociación del Cafta, en el gobierno de Abel Pacheco, en el 2003.

Aunque las rondas finalizaron en el 2004, el mandatario rehusó enviar el tratado a la Asamblea, tras condicionarlo al avance de una reforma fiscal que al final naufragó en la Sala IV.

El trámite tuvo que esperar la actual administración de Óscar Arias para convertirse en prioridad, pero requirió del referendo del 7 de octubre del 2007 para ser aprobado.