Editorial
¿Luz al final del túnel?
Una evidencia irrefutable de la maraña legal y administrativa que ahoga a la Costa Rica de hoy es su incapacidad para desarrollar y ejecutar proyectos de infraestructura complejos.
Ya sea que la Administración Pública decida llevar adelante las obras directamente, a través de sus contratistas, o mediante la figura de la concesión, lo cierto es que el Estado costarricense ha demostrado su disfuncionalidad, al punto que estamos al borde de un colapso en diversos frentes: el retraso en el desempeño pleno de las terminales de carga, la anunciada y siempre pospuesta modernización del Puerto de Moín, el congestionamiento vial en las principales ciudades del país, la palmaria insuficiencia de todas nuestras autopistas y carreteras, y hasta el acongojante deterioro de la capital, son todas carencias que afectan de manera directa las actividades más dinámicas de la economía nacional, como lo son el turismo y el comercio exterior.
En la larga lista de proyectos inconclusos, ocupa un lugar primordial el de la ampliación y operación del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS). Concebido hace más de 14 años, debió enfrentar, desde sus inicios, múltiples escollos. Desde las innumerables acciones legales interpuestas ante la Contraloría General de la República y la Sala Constitucional incluso antes de la suscripción del contrato –ejemplo del abuso del derecho al que nos hemos acostumbrado–, hasta la permanente presión política ejercida por diputados y exfuncionarios, a veces más interesados en entorpecer los procedimientos que en velar por los legítimos intereses públicos, pasando por la reticencia del gestor interesado a cumplir con lo convenido y la inexperiencia del sector público en el manejo de este tipo de figuras jurídicas.
Pero no nos interesa ahora señalar si la culpa debe atribuírsele a un contratista que nunca quiso entender cuáles eran sus obligaciones contractuales o a una administración inoperante que no supo ejercer los controles oportunamente ni cumplir, a su vez, con las obligaciones que a ella le correspondían.
Tampoco es nuestra intención endilgar responsabilidades a tal o cual jerarca, de este o anteriores gobiernos.
Lo que debe resaltarse es que este proyecto ha debido transitar ya por cuatro distintas administraciones, que las obras todavía no se terminan, y que el tiempo sigue corriendo sin misericordia.
Dichosamente, existe todavía la esperanza de que este proyecto sea rescatado mediante la sustitución del actual gestor interesado por Houston Airport System (HAS), medida que, sin embargo, debe ser todavía ratificada por el órgano contralor.
Dichosamente también, HAS no ha cuestionado la fórmula de equilibrio financiero incluido en el contrato original, principal excusa esgrimida por Alterra para no invertir lo que debía y causa subyacente de los rechazos a las revisiones anteriores del acuerdo.
Es hora de ponerle punto final a esta novela.
El país tiene que aprender que, aunque en todo proyecto complejo siempre surgirán escollos y problemas, estos deben atenderse con prontitud y resolverse oportunamente. Las discusiones interminables, las diatribas improductivas, el abuso de los recursos legales y políticos, y el continuo “patear la bola para adelante”, le están ocasionando al país un gravísimo daño económico y social, pero, sobre todo, están afectando la credibilidad en nuestras instituciones y en el sistema democrático del cual tanto nos enorgullecemos.
El desarrollo de infraestructura, así como la atención de los problemas en la seguridad, la educación y la salud públicas, deben ocupar siempre un lugar privilegiado en la agenda nacional y es obligación de todos los actores políticos e instituciones enfrentar esos retos con un genuino sentido de urgencia y motivados por la satisfacción del interés público.
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