Economía y Política # 685
Inversión educativa se ejecuta a medias
Juntas de Educación tienen dificultades para construir infraestructura en escuelas y colegios
Luis Ángel Flores Archivo GN /Para EF
La inversión para el sector educativo crece en el papel, pero tiene problemas para concretarse en la realidad.
El modelo de las Juntas de Educación, encargadas de ejecutar el presupuesto para la inversión, debe variar o ser reprobado.
En los últimos cuatro años, las Juntas dejaron sin ejecutar fondos por ¢4.577 millones, equivalentes a un 34% del presupuesto del Ministerio de Educación Pública (MEP) para bienes duraderos.
La cifra supera en un 10% los recursos asignados a Comercio Exterior este año.
Las Juntas están conformadas por personas de la comunidad que ejercen ad honórem.
Desde el 2006, la Contraloría alertó por su débil ejecución en compras, pese a que tienen un régimen flexible.
La viceministra Silvia Víquez aseguró que con capacitación y la opción de alianzas estratégicas superarán los problemas asociados a falta de experiencia o dudas de los integrantes de las Juntas.
Todavía hay un reto con la ejecución pendiente. A junio era de ¢6.134 millones, de los ¢14.000 millones asignados. Pero Víquez aseguró que para agosto se elevó a ¢11.800 millones y que a final de año se alcanzarán niveles del año anterior.
De los fondos en marcha en 175 entidades, 81 están en diseño, 55 en fase de contratación y 39 en ejecución.
Piedras en el camino
La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) lanzó la señal de alerta.
“Estamos muy preocupados porque el MEP cambió las reglas del juego, antes había más apoyo pero ahora obligan a las Juntas a hacer estas compras, cuando son padres de familia o personas sin experiencia en estos procesos, incluso pueden ser acusados y por ello muchos depositan los fondos sin usarlos a pesar de las necesidades”, dijo Beatriz Ferrero, presidenta de APSE.
¢4.577
millones para infraestructura que las Juntas de Educación no ejecutaron del 2004 al 2007.
Además, a las Juntas se les empezó a cobrar en el 2005 el impuesto de ventas, lo que mermó sus recursos.
La diputada Maureen Ballestero, del Partido Liberación Nacional (PLN), confirmó que presentó un proyecto para eliminar ese cobro, pero deberá pasar a la Comisión de Sociales, ya que actualmente se encuentra en Hacendarios, que está concentrada en temas presupuestarios.
Hay un tercer problema: falta visión integral. Ni la Contraloría ni el Ministerio tienen datos desagregados sobre la subejecución. Incluso la Contraloría reprendió al MEP por la falta de controles en el 2006.
Replantear tareas
Víquez aseguró que actuarán para fortalecer la inversión.
Este año crearon un procedimiento para que las Juntas puedan suscribir contratos con instituciones externas, con el fin de que puedan seguir paso a paso las acciones a fin de amarrar alianzas para construir obras.
Además, presentarán a la Contraloría un nuevo modelo para complementar la inversión educativa, con el cual esperan canalizar ¢34.000 millones para infraestructura, mediante leasing con el Banco Nacional, sin tener que transferir fondos a las Juntas.
Los cambios no incluirán por ahora reformas a la legislación. “Se pensó en variar requisitos, pero no era el momento para hacerlo. Nos concentramos en dejar un trabajo más ágil de las Juntas, y si hace falta una reforma legal, la dejaremos planteada”, expresó Víquez.
Entretanto, Ferrero afirmó que la inversión en educación sigue amenazada si no se da mayor apoyo a las Juntas.
“Los fondos se depositan, pero muchos no se pueden usar, y la responsabilidad cae en las Juntas. En esto se han hecho muchas promesas, pero al final se quedaron en habladas”, dijo Ferrero.
La evaluación final en este caso, sin embargo, no dependerá de maestros: el avance de la inversión será lo que pondrá la nota.
