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Artículos Edición # 685
La gran reforma del transporte nacional
Rodolfo González Ulloa
En vez de enfocarse en el retrovisor y aplicar tanto freno, la clase política costarricense debería afinar el motor de las decisiones y despejar la principal vía que conduce hacia el ahorro de energía: una reforma integral al sector transportes.
Tren tendrá más protagonismo
Rodolfo González Ulloa
El regreso del tren al mercado de carga en Costa Rica va sobre rieles.
Buses se alían para sobrevivir
Rodolfo González Ulloa
Cada mañana, entre las cinco y media y las seis y media ingresan a la ciudad capital 7.700 personas que utilizan buses públicos.
Editorial
Desafío y oportunidad
El Gobierno se encuentra sacudido por una serie de denuncias, que angustian al país, y por la crisis mundial, que a todos nos agobia. La administración Arias solo puede recuperar la confianza de los costarricenses si decide regirse por el buen juicio, en el hablar, y hablar con resultados visibles y concretos. El desafío es complejo, pero debe asumirlo ya.
En el repertorio de problemas inmediatos del Gobierno, de sobra conocidos y sufridos, figura el del transporte público, tema de un reportaje específico de esta edición. He aquí una ocasión de oro para atacarlo con propiedad y visión, a sabiendas de que no lo podrá resolver ya. El país debe, sin embargo, sentir que estamos en la vía correcta y que se llegará a un destino venturoso. Lo peor es que la incertidumbre se abata aún más sobre la impotencia y el sufrimiento diario.
La crisis del transporte público costarricense no es obra de este gobierno. Representa la acumulación de muchos años de dejadez y de miopía. Los pecados anteriores no pueden justificar, sin embargo, la improvisación o la postergación.
No debe, con todo, la Administración perder de vista el contexto de la situación del transporte público, inserto en la doble crisis de la calidad y amplitud de la red vial, y de la infraestructura portuaria (por Limón pasa el 85% del comercio).
¿Qué pasó en nuestro país en estos tres campos? Lo que ocurrió en otros de tipo estratégico: ausencia de planeamiento, de criterio técnico, de ejecución, de continuidad, de control, de rendición de cuentas y de sanción, si fuere menester, esto es, de todos los factores que conforman una política de Estado, la misma que explica los logros en cuanto a la mortalidad infantil o a la labor del Hospital Nacional de Niños.
Esta carencia de criterio técnico y de visión quedó inscrita en el crecimiento de la población y del número de vehículos, cuya compra, además, se estimuló oficialmente, mientras esta realidad no se acompañó, como lo aconsejaba el buen juicio, de un plan vial (el último vio la luz en el gobierno de Mario Echandi Jiménez, hace más de 40 años).
Tampoco se le dio mantenimiento al servicio de trenes y, menos aún, se modernizó. Más bien, se clausuraron definitivamente en 1995, en la administración Figueres Olsen, lo que disparó el negocio de los furgones. Un tren de océano a océano: ¡qué falta de visión y de audacia, y qué desperdicio hasta hoy! Mientras tanto, los furgones han hecho las suyas de mar a mar.
En lo tocante al comercio, se optó por la apertura comercial y el impulso de las exportaciones, sin tocar, eso sí, los puertos por el temor a los sindicatos.
Es, pues, natural que, en este marco de ineficiencia y mala gestión pública, el transporte público, esto es, el medio que satisface a las personas el derecho humano a trasladarse, se haya desarrollado en el desorden y el abuso. Si el tren pasó a mejor vida, los autobuses han sobrevivido en una red vial asfixiante y deteriorada, sin supervisión estricta del MOPT, sin exigir estándares de calidad y al conjuro de los intereses creados. Las concesiones respectivas –ocasión para cambiar y exigir– se reanudaron periódicamente en forma rutinaria y algunas se otorgaron por decreto.
El esfuerzo técnico para abrir el servicio de líneas intersectoriales, en beneficio de los sectores más necesitados del país, creado por ley hace 27 años, se malogró por la decisión a última hora de un tribunal. Mención aparte merece el anárquico servicio de taxis, informales y formales, amamantado desde su cuna, por un escandaloso clientelismo político.
Estas desventuras sociales en el campo del transporte público –sea justo decirlo– se han atacado con empeño, en un concierto tradicional de grupos de presión, de viciosas prácticas y de un laberinto legal y burocrático, que han retardado y entorpecido las soluciones. El MOPT ha impuesto la restricción vehicular, ha reordenado el sistema de buses, ha dado mayor impulso al uso del tren, ha puesto en práctica los semáforos inteligentes, y construido vías y corredores para descongestionar. Estos primeros pasos se han dado en medio de la crisis petrolera y económica mundial. Esta situación, en vez de desalentar al Gobierno y a la empresa privada, debe ser el motor del cambio y, como tal, una oportunidad para la acción y la unidad.
Tal como informamos en esta edición, el 85% de los empresarios de carga y autobuseros de la Gran Área Metropolitana están de acuerdo en participar en las estrategias gubernamentales para reducir las presas y paliar el impacto de la factura petrolera. Los portacontenedores, que mueven el 85% de la carga, estiman que el tren no es su competidor, sino un complemento. Por su parte, las cámaras de buses, taxistas y transportistas están dispuestos a respaldar los planes gubernamentales.
Si la responsabilidad social no fuese el móvil del apoyo a las reformas, ha de serlo el interés personal y empresarial por el desafío abrumador de esta crisis nacional y global. El Gobierno debe, a su vez, pasar la página de los escándalos, enfrentar los hechos, rectificar con honradez y utilizar esta crisis para mostrar su temple. No es este tiempo de quejumbres, sino de un firme y eficaz liderazgo. En materia de transporte público, se han elaborado diagnósticos y planes concretos. Urge ponerlos en marcha sin dilación, a sabiendas de que algunos buenos frutos se recogerán en estos años y en las próximas administraciones.
Esto quiere decir que las políticas de Estado, con visión de futuro, deben suplantar la cortedad de miras, las soluciones a medias y los planes específicos disociados de una visión de conjunto. La política de transporte público debe, por ello, enmarcarse en la política vial y de infraestructura portuaria. ¡Qué espléndida oportunidad!
