Istmo # 685
Multan a harineras en $4 millones
El Salvador. Superintendencia determinó que cometieron prácticas anticompetitivas
archivo /EF
*Corresponsal en San Salvador
La Superintendencia de Competencia (SC) sancionó y podría obligar a pagar una multa de más de $4 millones a las empresas importadoras y fabricantes de harina de trigo en El Salvador, las harineras Molsa y Harisa.
La sanción fue impuesta porque se descubrieron supuestas prácticas anticompetitivas en detrimento del libre mercado y de los consumidores salvadoreños.
Una vez conocida la decisión de la Superintendencia, las empresas cuentan con cinco días hábiles para pedir la revisión del caso ante el Consejo Directivo de la entidad la que luego de recibirlo tendrá a su vez ocho días para resolver definitivamente la sanción y el cobro de las multas.
Además las harineras podrían recurrir después de ello ante la Corte Suprema de Justicia para interponer un recurso de amparo e intentar revertir la sentencia.
La investigación de la Superintendencia determinó que ambas compañías se repartieron el control de mercado y que además se autocompensaban con $5 por quintal cuando una de las dos no alcanzaba sus metas de venta y la otra las superaba.
El anuncio lo hizo Celina Escolán, titular de la Superintendencia, quien destacó que la sanción es producto de una investigación de oficio iniciada en abril de este año, tras la cual se concluyó que ambas compañías se habían repartido, de común acuerdo, las cuotas del mercado de la harina de trigo en El Salvador.
“Molinos de El Salvador (Molsa) mantiene el 55% de la producción, mientras que Harisa controla el 45%, con lo cual afectan el funcionamiento del mercado, la eficiencia económica y el bienestar de los consumidores”, precisó Escolán.
EF intentó por diferentes medios obtener la reacción de los representantes de las compañías sancionadas, sin embargo, sus asistentes de prensa se limitaron a señalar que los voceros autorizados a ofrecer declaraciones no se encontraban en el país.
$2.061.406
es el monto de la multa impuesta a la empresa Harisa por supuestas prácticas anticompetitivas.
$1.971.015
podría llegar a pagar Molsa luego que la Superintendencia de la Competencia la sancionó.
Sanción ejemplar
El monto de la sanción ascendería a $4.032.421,3; de ello, Harisa debería pagar al Estado un poco más de $2 millones, mientras Molsa alrededor de $1,9 millones.
La funcionaria aclaró que dichos montos representan apenas el 3% de las ventas anuales realizadas por cada compañía durante el 2007.
“Tenemos pruebas contundentes que demuestran que lo encontrado en el registro por la Superintendencia de Competencia durante la investigación bajo la orden judicial de dos tribunales de Santa Tecla y de San Salvador, prueba que este delito debe ser castigado aquí y en cualquier parte del mundo”, afirmó.
La Superintendenta destacó que las investigaciones comprobaron que ambas compañías habrían adoptado acuerdos para fijar precios y otras condiciones de comercialización así como de limitar la producción para incidir en el valor de venta al público, lo cual está prohibido en el artículo 25 de laLey de competencia en El Salvador.
Añadió que la entidad les ha ordenado la cesación de dichas prácticas anticompetitivas a los dos agentes económicos y además les ordenó dejar de intercambiarse información relacionada con producción, ventas, precios y clientes.
Una tercera sanción contra ambas empresas harineras es que en los primeros 10 días de cada mes y durante los próximos dos años deberán presentar ante la Superintendencia de la Competencia la evolución mensual de la importación y la producción de harina, así como la capacidad instalada y las ventas.
Impacto entre consumidores
Escolán aclaró que lo que hicieron las harineras reviste especial gravedad debido a la incidencia de un producto como la harina de trigo en la canasta básica de los salvadoreños.
“Los acuerdos entre carteles o competidores son la amenaza más grande al sistema de libre mercado, lo cual reviste particular gravedad cuando se realiza en mercados de insumos industriales donde se ve afectada la competitividad de un país, ya que las materias primas son utilizadas por los productores de bienes de consumo final con un sobreprecio, como es el caso de las panaderías en El Salvador”, dijo.
Escolán agregó que estas prácticas “tienen una gravedad mucho mayor cuando se realizan en mercados de bienes de consumo masivo, como es la harina de trigo, que forman parte de la canasta básica que afecta a los consumidores y en especial a las familias más pobres que tienen que destinar más ingresos para obtener este tipo de bienes”, concluyó.
