Opinión
CONTRA PUNTO
Un Estado con cerco
Opinión sobre el editorial anterior. El país de nunca jamás. Edición 684
Roberto Gallardo
No se descarta lo que el editorialista denomina “explicaciones fáciles” cuando se analiza la capacidad del Estado para llevar a cabo políticas públicas. En la mayoría de los casos, las instituciones públicas enfrentan dificultades para la concreción de sus planes y programas derivadas de un ordenamiento jurídico definido para controlar y no para facilitar la ejecución.
Por supuesto que el control es necesario, pero la ciudadanía espera servicios públicos de calidad que se brinden oportunamente, y no 30 años después. Es necesario resolver esta aparente contradicción, proceso que nos llevará tiempo y paciencia, pero sobre todo que requerirá de una gran mesura.
“Las instituciones enfrentan un ordenamiento que dificulta la ejecución”.
Pese a lo anterior, es innegable que en muchos ámbitos de la administración pública la necesidad de capacitación técnica y gerencial es una exigencia.
Asimismo, el desarrollo de sistemas de evaluación de rendimiento que sean no solo un medio para estimular al buen funcionario, sino también para que quien incumpla con el trabajo asuma las consecuencias de sus actos.
Pero el peso de la inexperiencia, la capacitación insuficiente, la desidia y la falta de compromiso de algunos funcionarios no incide tanto en la posibilidad de ejecutar políticas públicas como la existencia de un marco jurídico que incluso controla los procesos internos en las instituciones.
Incluso algunos de los procedimientos más ordinarios están regulados por una multiplicidad de leyes que durante años se han venido apilando sobre la capacidad de ejecución del Estado. Liberar a ese Estado cercado nos tomará años; afortunadamente todos parecemos estar de acuerdo sobre su necesidad.
