Opinión
Sí, pero bien realizada
Carlos Cascante
El proyecto de implementación de la firma digital es un fiel reflejo de las facturas que hemos tenido que pagar en este gobierno, ante la carencia de toma de decisiones que debieron darse en administraciones pasadas o la falta de apoyo hacia el sector.
Todo plan tecnológico es complejo. Veamos la historia.
El proyecto de ley se presentó el 20 de febrero del 2001. Transcurrieron 4 años, 6 meses, y 10 días hasta su publicación en La Gaceta del 13 de octubre del 2005, para que se convirtiera en una ley de tan solo 33 artículos. ¿Y el estudio de factibilidad? ¿Estaba el Micit preparado? Llegamos al 8 de mayo del 2006, y ¡nos tocó bailar con la más fea! El Ministerio carecía de estructura organizativa y funcional a nivel de direcciones, un solo ingeniero en sistemas y ¢2.500.000 en el presupuesto anual para informática.
En estos dos años hemos tenido todos el overol puesto. Lo demuestran los 20 productos obtenidos, desde la creación de la Dirección de Certificadores de Firma Digital (DCFD), pasando por el Convenio con el Banco Central (BCCR) y homologación de la norma INTE/ISO 21188, hasta la entrega oficial de las políticas del Sistema Nacional de Certificación Digital, por parte del Comité Asesor, culminando con la agenda de implementación del Cafta.
Las reglas del partido están claras y cualquier equipo puede jugar. Hoy en día solo el BCCR, por medio del Sinpe, ha mostrado interés en convertirse en la primera autoridad certificadora. Justamente esta semana, estamos invitando a la comunidad nacional e internacional para que participen en este proceso.
Cuando vemos el trabajo realizado en el BCCR, la construcción de las bóvedas, los niveles de seguridad, reconocemos que prácticamente solo esa institución tiene la capacidad para albergar la raíz certificadora.
“Nos tocó bailar con la más fea, pero hoy estamos preparados para bailar por un sueño”.
Viceministro del Micit
Ministerio de Ciencia y Tecnología
La estrategia no es producto de una ocurrencia, sino de un modelo eficaz y eficiente, el cual busca que cada sucursal financiera se convierta en una autoridad de registro, en donde todas las personas podríamos contar con más de 1.000 puntos de acceso.
No debemos olvidar que no estamos hablando de un proyecto o certificado que se obtiene gratis en una página de Internet, sino de un proyecto que transformará radicalmente la tramitología pública y privada.
Para finales de este año, implementaremos lo relativo a la entidad certificadora raíz. Una vez cumplidos los requisitos, se autorizará al BCCR como entidad certificadora, a fin de que puedan emitir los certificados digitales a las personas.
El pasado 4 de setiembre presentamos la agenda de implementación, que, entre otras cosas, detalla el proceso de sectorización, que consiste en dividir el sector público en 15 aéreas. El propósito es capacitar, y difundir el Sistema Nacional de Certificación Digital, así como identificar posibles aplicaciones institucionales para su uso.
Todo cambio significa un reto, salir de la zona de confort. Comparamos la complejidad del proceso con la decisión de eliminar el uso de papel y sustituirlo por lo digital.
En el Micit se implementan los proyectos profesionalmente. Hemos avanzado mucho, Costa Rica puede convertirse en uno de los primeros países en donde todos los ciudadanos tengan su firma digital.
Analizamos cada decisión que se toma, con el proceso seguido en países cuya estrategia digital nos da la posibilidad de extraer las experiencias buenas a seguir, y evitar las malas.
Como lo dijo la ministra Eugenia Flores en su discurso del 4 de setiembre anterior: “Damos pasos sólidos en cada proceso hacia una firma digital, pero bien”.
Nos toco bailar con la más fea, pero hoy estamos preparados para bailar por un sueño.
